Los indicadores de Paraguay en todos los ámbitos –económicos, sociales, de infraestructura– nos muestran el atraso que presenta con respecto al promedio latinoamericano, dando cuenta de la necesidad de aumentar aún más la inversión pública en todos esos ámbitos.
Pocos dudan de la necesidad de implementar políticas que mejoren la calidad de vida de la gente. Con cada lluvia vemos cómo quedan los caminos rurales. La falta de infraestructura vial impide mejorar los ingresos, garantizar más días de escuela o sobrevivir ante una enfermedad. Las calles inundadas de la mayoría de los centros urbanos muestran el déficit de los sistemas de desagüe.
A diario la ciudadanía es testigo de los problemas que enfrenta la ausencia de un sistema de salud que garantice atención básica y especializada. El desabastecimiento de medicamentos, la ineficiente gestión de los recursos humanos y un modelo de atención que privilegia los hospitales dejando en segundo nivel la atención primaria no solo encarece los costos sino que además excluye a una parte importante de la población. La intención de fortalecer el trabajo de las unidades de salud de la familia contribuirá a ampliar coberturas y eficiencia, pero hace falta mucho más.
Los indicadores educativos ubican al país entre los peores del mundo. Una parte importante de la niñez y adolescencia está fuera de la escuela y la que asiste aprende poco. Escasos días de clases, docentes que no cuentan con las capacidades necesarias y factores familiares solucionables desde una política pública integral permitirían dar un salto; sin embargo, no hay mensajes claros sobre el camino que tomará la llamada “transformación educativa” en estos problemas.
Si bien en el ámbito del gasto social hay espacio para la eficiencia, también es cierto que con poco dinero invertido –Paraguay es uno de los países que menos gastan por persona en la región– las posibilidades de mejorar las condiciones sociales también son mínimas. No hay que ser iluso pensando que gastando mejor cambiaremos sustancialmente.
Al analizar las obras públicas la situación empeora por los montos que se manejan y el nivel de fracaso de los emprendimientos. Si bien el caso del Metrobús puede ser considerado como uno extremo debido a que desde que empezó fue sujeto de críticas por las deficiencias del proyecto, otros menos llamativos, pero inclusive de mayor impacto fiscal, son igualmente preocupantes. El tráfico de influencias, los conflictos de intereses y malos instrumentos de gestión deben ser urgentemente abordados para reducir la corrupción en el sector.
No obstante, a pesar de los problemas, el país viene mejorando desde hace más de una década. A pesar del bajo nivel de esfuerzo fiscal que realizamos, más niños y niñas ingresaron al sistema educativo; se redujeron la mortalidad materna, la mortalidad infantil y la pobreza, aumentó la cobertura de agua potable y saneamiento, mejoraron algunas importantes redes viales, se crearon más empleos para mujeres, entre otras buenas noticias. Esos avances no deben retroceder y necesitamos impulsar muchos más. Para ello, el Gobierno debe mejorar la gestión de los recursos públicos y la ciudadanía seguir pagando sus impuestos y presionando por calidad.