De media, los argentinos pasarán a pagar un 200 % más por el gas, según transmitió el ministro de Energía y Minería del Ejecutivo de Mauricio Macri, Juan José Aranguren, en una rueda de prensa convocada para explicar los nuevos precios, oficializados hoy con la publicación de una resolución en el Boletín Oficial.
Siempre que la factura supere los 250 pesos (unos 16 dólares), ningún particular podrá ver aplicada una subida mayor al 300 %, en lugar del 400 % de límite que establecía la propuesta anterior, anulada judicialmente.
“Es más progresivo”, aseguró el ministro, en comparación con la propuesta anterior.
En las tarifas para las pequeñas y medianas empresas -otro sector que había llevado los aumentos del Gobierno a los tribunales, sin resolución en firme aún- también se han moderado los aumentos hasta lo que Aranguren definió como “valores más digeribles para lograr mantener el nivel de ocupación”, ya que este tipo de compañías son una importante fuente de empleo.
Aranguren explicó que el Gobierno prosigue con la idea de aplicar una “disminución gradual y previsible de los subsidios” para tener un sistema “más justo” y “que promueva la producción”, sin olvidar a “los más vulnerables”, a los que se les aplicará una “tarifa social” si cobran menos de dos sueldos mínimos (unos 970 dólares).
El objetivo es “normalizar el sector” para que quien no necesite ser auxiliado por el Estado “pague lo que corresponde”, ya que el sistema de “subsidios para todos” no era “justo” y creó, según el ministro, un fuerte desajuste y carencias en el sistema.
Sin embargo, asociaciones de consumidores se manifestaron ya que consideran que el nuevo aumento sigue siendo “excesivo”, como la organización Consumidores Libres, que transmitió su descontento en un comunicado tras la rueda de prensa.
“En los diez últimos años pasamos de un sistema con energía abundante, exportable y barata” a uno con energía “cara, escasa e insuficiente”, sostuvo Aranguren, quien además tachó de “grave” que Argentina tenga que importar energía pese a tener abundantes recursos naturales.
Por otra parte, admitió que, cuando se impulsaron en abril los nuevos precios, quizás quisieron “correr antes de empezar a caminar” e hizo hincapié en que han sabido “corregir”.
Poco después de la asunción presidencial de Macri (en diciembre pasado), el Gobierno anunció que actualizaría las tarifas de gas después de años congeladas, lo que resultó en aumentos de hasta el 800 % en las facturas, que se unieron a subidas en otros servicios, como la luz y el agua.
Ante el fuerte malestar social generado, el Ejecutivo anunció topes de hasta el 400 % para los usuarios residenciales y de hasta el 500 % para el resto.
Pese a ello, diferentes reclamos judiciales llevaron el “tarifazo” hasta la Corte Suprema, que tumbó la subida de los precios para los particulares, al considerar que el Ejecutivo debía haber sometido el cambio a audiencia pública.
Las tarifas se retrotrajeron y en septiembre se realizaron las audiencias públicas, con intervención de funcionarios representantes de los consumidores, de las empresas y de los operadores del sector, que llevaron a la confección de este nuevo cuadro.
