Si bien es cierto que se requiere aumentar la inversión pública en todos los ámbitos –infraestructura, desarrollo productivo, salud, educación, entre otros– y que una parte importante de estas políticas exigen un mayor número de personas trabajando y con remuneraciones adecuadas, también es cierto que en las condiciones actuales es imposible conseguir que la gente acepte de buena gana pagar impuestos para un servicio civil que no se compromete con la población.
Paraguay necesita más y mejores políticas. Justo en el Mes de la Juventud, las demandas de una cobertura universal y de calidad en la educación se hicieron sentir de diversas formas. Sin embargo, también se sabe que nuestro país presenta deficiencias en el uso de los recursos que ya existen.
La falta de una carrera docente en todos los niveles educativos tiene como resultado salarios bajos para la mayoría, paralelamente a la contratación de un número no menor de funcionarios sin las competencias adecuadas. En el ámbito de la salud se presenta una situación similar.
Adicionalmente, hay una importante desigualdad en las remuneraciones y beneficios no salariales. Docentes y personal de blanco que teniendo títulos universitarios y una gran responsabilidad en su gestión cobran menos que operadores políticos sin funciones definidas, generando el enojo ciudadano y la desafección política, lo que no favorece a la democracia.
La situación empeora si se consideran los últimos acontecimientos sobre los acuerdos energéticos tanto en el caso de Yacyretá como de Itaipú, en que funcionarios paraguayos pagados con recursos nacionales demostraron su absoluto desprecio por los intereses nacionales y el bienestar de sus compatriotas. En estas condiciones es muy difícil pedirle al pueblo que siga haciendo el esfuerzo de financiar un servicio civil que no cuenta con mecanismos para garantizar un total apego a la ley y un compromiso con servicios de calidad.
Los datos provenientes de los registros administrativos y encuestas revelan que en los últimos años, las mejoras en las condiciones de vida se han estancado; sin embargo, el gasto salarial ha continuado en aumento.
El Gobierno actual debe realizar los estudios pertinentes y darlos a conocer tanto a la ciudadanía como a los parlamentarios para que con esa información tomen las decisiones adecuadas. Esto implica impulsar una carrera del servicio civil que incorpore un sistema de remuneración acorde con las competencias requeridas y responsabilidades otorgadas al cargo.
El Poder Legislativo tiene en sus manos la importante labor de estudiar y aprobar el presupuesto 2020. Ojalá la racionalidad técnica y el interés nacional estén por encima de la presión de políticos de manera a instalar un sistema de remuneraciones que premie el desempeño y el compromiso con la ciudadanía.
