Aquellas mujeres que asumen el desafío de involucrarse y competir electoralmente en un terreno reservado históricamente para los hombres son conscientes de los riesgos que ello implica y de los obstáculos que deben sortear.
Los exabruptos recientes del diputado Yamil Esgaib contra la senadora Celeste Amarilla, contra la diputada Johanna Ortega y contra la periodista Rocío Pereira da Costa ponen de manifiesto la necesidad urgente de abordar la problemática de la violencia política contra la mujer que amenaza los cimientos de nuestra democracia.
La actuación cobarde de Esgaib, representante del pueblo en el Congreso, ofende los principios más básicos de convivencia democrática. Su actuación fue, sin embargo, juzgada con una tibieza increíble por legisladores de todas las fuerzas políticas en el Congreso buscando restar méritos al caso.
A nivel nacional, la violencia contra la mujer va en aumento. Según datos del Centro de Documentación y Estudios (CDE) entre 2016 y 2023, 293 mujeres fueron víctimas de feminicidio siendo el 80% mujeres de entre 18 y 39 años. Además 7 de cada 10 fueron víctimas de sus parejas o ex parejas.
Por su parte, la Coordinadora por los Derechos de la infancia y la adolescencia (CDIA) reveló que, a causa de los feminicidios, más de 330 niños quedaron huérfanos. Desde el Ministerio Público revelan que entre enero y agosto del presente año se registraron más de 50 casos entre feminicidios y tentativas a nivel país. Es claramente un flagelo que exige respuestas concretas del Estado, pero también, el involucramiento de distintos sectores de la sociedad.
El convenio internacional más relevante en este contexto es la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), ratificada por Paraguay en 1986. Este tratado obliga al país a tomar medidas efectivas para prevenir y eliminar la discriminación y la violencia de género. A nivel nacional la propia Constitución garantiza la igualdad de género y prohíbe la discriminación, disposición que es reforzada además con una ley específica la N° 5777 del año 2018 De protección integral a las mujeres, contra toda forma de violencia.
Pese a que se cuenta con una estructura normativa internacional, regional y nacional que garantiza la protección de la mujer, la violencia no cesa. Existe un avance notorio en materia normativa e institucional, faltaría avanzar en lo sustancial: Políticas públicas educativas y culturales, que pongan el foco en esta problemática. La violencia política contra las mujeres atenta contra sus derechos fundamentales y vulnera la representación democrática.
