Michel Temer, que el 1 de enero le entregó la banda presidencial a Jair Bolsonaro, estaba detenido en una sala en la sede de la Superintendencia de la Policía Federal en Sao Paulo y sus abogados habían solicitado el traslado a una celda más adecuada para su condición de ex jefe de Estado.
Los abogados pidieron el traslado debido al poco espacio que tenía en la Superintendencia de la Policía Federal, que admitió en un comunicado no tener las condiciones para acogerlo en una sala de “Estado Mayor” como la legislación prevé para casos de ex presidentes.
Antes de ser trasladado al Comando Antidisturbios de la Policía Militarizada de Sao Paulo, en el centro de la ciudad, Temer pasó por el Instituto de Medicina Legal (IML) para ser sometido a un examen que comprobase que no sufrió malos tratos durante su permanencia en la Policía Federal.
El Tribunal Regional de la Segunda Región (TRF-2) determinó el miércoles, por dos votos a uno, el reingreso del ex gobernante en prisión de forma preventiva tras derribar el hábeas corpus con el que garantizó su libertad tras haber estado cuatro días preso en una celda en Río de Janeiro.
Temer se entregó voluntariamente a las autoridades en la tarde del jueves.
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No obstante, el Superior Tribunal de Justicia (STJ), la segunda corte en jerarquía del país, juzgará este martes un nuevo recurso de la defensa de Temer para pedir su libertad.
El ex jefe de Estado, quien asumió el poder en 2016, durante el proceso de destitución de Dilma Rousseff, fue acusado por la Fiscalía de beneficiarse de sobornos recibidos por diversas empresas y de dirigir una organización delictiva que desvió cerca de USD 500 millones de recursos públicos durante 40 años.
En el caso en concreto por el que se ordenó su arresto, las investigaciones señalan que Temer lideró el grupo que negoció sobornos por más de un millón de reales (unos USD 253.000) durante las obras de construcción de la central nuclear de Angra 3, situada en el estado de Río de Janeiro.
La investigación está vinculada a la Lava Jato, la mayor operación de combate a la corrupción en la historia de Brasil y que ha mandado a prisión a algunos de los políticos más influyentes del país, como el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2010), quien el pasado abril cumplió un año entre rejas.
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El cerco judicial contra el dirigente del partido del Movimiento Democrático Brasileño (MDB, centroderecha) se ha intensificado desde que el ex mandatario dejó el poder, el pasado 1 de enero, momento en el que perdió el fuero privilegiado.
Los numerosos procesos contra Temer, paralizados por el Congreso mientras estuvo en la jefatura del Estado, han sido reabiertos y el ex presidente ya ha sido enjuiciado por seis de ellos, mientras que es investigado en otros cuatro.
El tribunal que revocó el hábeas corpus que favorecía al ex presidente también determinó el reingreso en la cárcel del coronel de la reserva de la Policía Joao Baptista Lima Filho, amigo personal del ex gobernante y apuntado como principal testaferro de la trama corrupta supuestamente liderada por Temer, según sostiene la Fiscalía.
A pedido de la defensa, la Justicia autorizó que tanto Temer como Lima Filho permanezcan arrestados en Sao Paulo, donde ambos tienen fijado su domicilio, y no sean conducidos nuevamente a Río de Janeiro, la jurisdicción en la que son investigados.
