Bordaberry, de 78 años, que está preso preventivamente desde el 18 de noviembre acusado de 14 homicidios cometidos durante su período de facto, le recordó a monseñor Cotugno que ''hubo una época en que la iglesia (católica) era refugio de los perseguidos católicos’’. Luego le dijo que el suyo era ''un caso de persecución política’’.
''Yo no puedo hacer nada, necesito pruebas’’, le respondió el arzobispo, quien fue presidente de la Comisión para la Paz que operó durante el gobierno anterior buscando conocer la realidad sobre los 26 detenidos desaparecidos durante la dictadura militar, que culminó en 1985.
Bordaberry, de acuerdo con una versión del diario El País, agregó para fundamentar que era un perseguido político que una ley de humanización carcelaria, excluyó, pese a la edad, la detención domiciliaria e insistió en que su arresto fue una decisión centrada en su persona.
Otro detenido, el coronel retirado Jorge Silveira, uno de ocho uniformados que cumplen prisión preventiva por delitos de violaciones a los derechos humanos en la cárcel de la jefatura de policía, le dijo a monseñor Cotugno que ''somos presos políticos, no hay justicia’’.
Silveira, quien ha rechazado su responsabilidad en el caso de un detenido desaparecido, le dijo al arzobispo que le ''voy a enviar material para que vea como mienten los testigos’’. AP
