En el caso de la denominada mafia de los pagarés, la Justicia debe mostrar mayor eficiencia y celeridad. A la luz de las evidencias, y a partir de los testimonios de las víctimas, cabría esperar una reacción más comprometida de uno de los poderes del Estado paraguayo. Resulta casi imposible tener que reconocer que las personas que han perpetrado durante años la estafa hayan utilizado al Poder Judicial y se hayan aprovechado de su debilidad. Ha llegado la hora de que la Justicia incline su balanza hacia los más necesitados.
A finales del mes de marzo, el Ministerio Público había imputado a 63 personas, entre las que se encuentran jueces, actuarios y abogados, quienes integrarían una organización delictiva conformada para estafar a personas asalariadas mediante demandas ejecutorias sobre supuestas deudas, mediante pagarés ya cancelados o de contenido falso, más conocida como la mafia de los pagarés. De esta manera, se presentó imputación contra cuatro jueces de Paz, una ex jueza, actuarios judiciales y ujieres notificadores de juzgados. La lista de imputación se completa con abogados vinculados a empresas de cobranzas, y oficiales de Justicia.
Después de la imputación, fueron apareciendo los vínculos políticos y las conexiones judiciales, gremiales y de amistad entre los imputados. Como publicó ÚH (abril 01, 2025), un abogado era amigo de futbolacho de ujieres y actuarios, y trabajaba para una empresa de cobranza, la que justamente había presentado 25 demandas de preparación de juicio ejecutivo. Precisamente en la fotografía del reporte periodístico se ve al abogado junto a un ujier en un torneo de fútbol; en la imagen se veía también a un actuario judicial. De la fotografía se puede deducir que estas tres personas tenían familiaridad y que podrían haber operado juntas.
Considerando estos indicios, se espera mayor celeridad de parte de las autoridades, porque mientras se hacen las imputaciones y los procesos siguen su lento curso, las personas afectadas por los estafadores deben sobrevivir en medio de penurias y carencias.
Como relataba el senador Rafael Filizzola, “hay personas que se han suicidado, que han perdido la vida como consecuencia del perjuicio que ha causado esta organización criminal”. Y el abogado Jorge Rolón Luna, quien había impulsado las primeras denuncias en el 2024, señaló que “hay gente que deja de mandar a su hijo a la universidad, hay gente que deja de seguir tratamientos médicos”. Por eso, frente a este grado de crueldad, cabe preguntarse si la Justicia está haciendo realmente todo lo posible por asistir a las víctimas.
El Senado creó una comisión para indagar los hechos, e informó que hasta el momento encontraron 721 casos de víctimas de estos esquemas, de los cuales solo el 1% había recibido notificaciones en sus demandas. Pero las víctimas no son un número o una estadística, son trabajadores que en la mayoría de los casos están con saldo cero, que prácticamente no están recibiendo ningún ingreso.
Urge que la Justicia actúe rápido para resolver el drama que los estafadores están causando a Guillermina Quiñónez, que arrastra, desde hace 10 años, 11 embargos judiciales. Ella es docente de Eusebio Ayala y relataba que hizo un préstamo de G. 3 millones y ya lleva pagando G. 250 millones. Ella trabaja solo para pagar para sus supuestas deudas. Lo mismo que Carolina Victoria, licenciada en Enfermería, quien tiene a su hija con epilepsia y también fue estafada. Con angustia relata que trabaja día y noche en el Ministerio de Salud, y recientemente tuvo a su hija en terapia intensiva, “Ohugaitereima orerehe”, se lamenta.
La Justicia debe dar la cara por las víctimas. Deben hallar un mecanismo más eficiente que detenga que la estafa continúe impune mientras las víctimas sobreviven apenas. La Corte Suprema debería ser más contundente para proteger a las personas que fueron abandonadas por el sistema, que siguen sufriendo descuentos y padecen en la miseria.
