Bernat quedó con su verdugo el 19 de enero de 2016, horas después de aterrizar en la capital tailandesa, y pasada la medianoche la pareja se dirigió al apartamento de Segarra, donde permaneció secuestrado y tuvo lugar el asesinato el día 26, según la Policía.
El juez aceptó el relato de la fiscalía, que durante el juicio sostuvo que Segarra retuvo y extorsionó a Bernat para lograr el acceso a la cuenta corriente en Singapur donde la víctima guardaba sus ahorros.
Según los forenses, la víctima fue asesinada alrededor del 26 y, según la investigación, esa misma noche el acusado salió en su motocicleta en dirección al río que cruza Bangkok cargado con un gran paquete, donde la Policía sospecha que se hallaba el cadáver, y regresó la madrugada del 27 sin el cargamento.
Las autoridades encontraron el 30 de enero en el río Chao Phraya los primeros restos mortales del español y posteriormente recuperaron otros seis trozos del cuerpo en el agua.
La Policía identificó a Segarra como el principal sospechoso el 5 de febrero, noche en la que tras ser reconocido en un restaurante de la provincia de Surin emprendió su huida a Camboya, donde fue detenido dos días después, antes de ser entregado a las autoridades tailandesas.
La fiscalía llamó a declarar unas 40 personas, ninguna de ellas testigo directo del crimen, para, con declaraciones, muestras de ADN y huellas recogidas en el apartamento alquilado por Segarra, grabaciones de cámaras de seguridad y extractos bancarios, mantener la culpabilidad del español.
Durante el juicio, Segarra sostuvo que es inocente de todos los cargos y aseguró ser víctima de una trampa en la que implicó a su exnovia tailandesa, Pridsana Saen-ubon, quien testificó en su contra el pasado diciembre.
Segarra tendrá dos oportunidades de recurrir la condena, ante el Tribunal de Apelaciones y el Tribunal Supremo, y cuando la sentencia sea firme podrá solicitar clemencia a la Casa Real para rebajar el castigo.
En 2009, Tailandia ejecutó por última vez a dos convictos que fueron condenados a muerte por narcotráfico, antes de aplicar una moratoria indefinida no regulada al cumplimiento de la pena capital.
El último ajusticiamiento por un delito de asesinato fue en 2003, año en el que el país cambió el método de las ejecuciones del fusilamiento a la inyección letal.
