Por Andrés Colmán Gutiérrez y Justiniano Riveros
HORQUETA, CONCEPCIÓN
Entre las muchas víctimas de la acción armada y delincuencial del llamado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), hay que sumar a la Organización Campesina del Norte (OCN), la más poderosa nucleación de labriegos del Departamento de Concepción, creada bajo tutela de la Iglesia Católica, con 24 años de trayectoria de lucha gremial, que hoy se debate en el ojo de la tormenta, con varios de sus principales dirigentes acusados de complicidad en los casos de secuestros y ataques violentos a estancias, comisarías y destacamentos militares.
“Nunca hubo ningún acercamiento, ninguna complicidad de nuestra organización con este grupo armado”, desmiente enfáticamente Asunción Duarte, presidente de la OCN, pero no niega que las revelaciones sobre la presunta vinculación de algunos miembros con el EPP perjudica a la organización, provocando crisis en su estructura y exponiéndola al ataque de los sectores que siempre han cuestionado sus reivindicaciones.
“Lo que puedan haber hecho algunos miembros de la OCN en forma personal, no compromete a la organización. Nosotros estamos en contra de toda violencia armada y ni siquiera conocemos a los supuestos integrantes del EPP”, afirma Duarte, pero le cuesta explicar por qué en el 2007 se solidarizaron públicamente con Carmen Villalba y Alcides Oviedo, considerados como los fundadores que dirigen desde la cárcel los secuestros y las acciones del grupo armado (ver recuadro).
UNA LARGA LUCHA. La Organización Campesina del Norte se creó en diciembre de 1986, como una continuidad de las Ligas Agrarias Cristianas (LAC), exterminadas por la acción represiva de la dictadura stronista. Fue prohijada por la Diócesis de Concepción, presidida por el obispo Aníbal Maricevich, pero en 1989 se apartó de la Iglesia.
Se define como una organización gremial de agricultores campesinos, “democrática, autónoma e independiente”. Forma parte de la Mesa Coordinadora Nacional de Organizaciones Campesinas (MCNOC) y está afiliada internacionalmente a Vía Campesina.
Se halla estructurada en 35 comités de productores, que nuclea a 600 familias en 5 distritos de Concepción: Yby Yaú, Horqueta, Belén, Concepción y Loreto. A través de una activa labor, adquirió prestigio y fuerza gremial. Acompañó grandes ocupaciones de tierra y consolidación de asentamientos en Arroyito, Alemankue, Kurusu de Hierro, Agüerito, Antebikue, San Alfredo, Remontakue y Nueva Fortuna.
CONTACTO EN PUENTESIÑO. Las sospechas de vinculación con el EPP se iniciaron el 6 de febrero de 2006, cuando una camioneta de propiedad de la OCN fue detenida en la colonia José Felix López (Puentesiño), al norte de Concepción, con un cargamento de balas, explosivos y provisiones.
A bordo iban Rosa y Liliana Villalba (hermanas de Carmen Villalba, presa y condenada por el secuestro de Edith de Debernardi, y de Osvaldo Villalba, prófugo por el secuestro y asesinato de Cecilia Cubas), además de Pablo Cristaldo Mieres (hermano de Manuel Cristaldo Mieres, prófugo por el caso Cecilia), y Celso Zárate Cardozo (hermano de Gabriel Zárate Cardozo, prófugo por el caso Cecilia). Además, viajaban dos dirigentes de la OCN: Isidoro Bazán y Alejando Ramos.
Según se estableció después, la camioneta llevaba apoyo logístico a miembros del EPP que estaban ocultos en los monte del Parque Nacional Paso Bravo. Dos de los miembros del grupo (Rubén Bernal y Gabriel Zárate) salieron al día siguiente en busca de noticias y asesinaron al policía Óscar Noceda con 27 balazos de una ametralladora Uzi.
Los tripulantes de la camioneta fueron a la cárcel y la mayoría resultó liberada en pocos meses, cuando Liliana Villaba declaró que ella era la responsable del cargamento.
“Aquella vez, a nuestro compañero Isidoro Bazán le engañaron, él no sabía para qué realmente le llevaban”, justifica ahora Asunción Duarte. El préstamo de la camioneta había sido gestionada por José Villalba, hermano de Carmen, quien junto a Alejandro Ramos (uno de los dirigentes más reconocido de la OCN) luego formaron la Articulación Rural y Urbana de Concepción (ARUC), una organización social que fue utilizada como plataforma de apoyo social y político al EPP.
Hoy, José Villalba y Alejandro Ramos se encuentran prófugos de la Justicia, bajo la acusación de pertenecer al grupo armado.
EN LA MIRA. Además de Ramos, en cuyo patio se encontró un campamento del EPP con valiosos documentos en agosto de 2009, hay otros miembros de la OCN a quienes la Fiscalía vincula con el grupo de presuntos guerrilleros y secuestradores: Ángel Acosta (actualmente prófugo), Casildo López (preso en Concepción), Martín Ocampos (asesinado en 2009 en Jhuguá Ñandú) y los recientemente detenidos tras la liberación de Fidel Zavala: Sindulfo Agüero, Estela Agüero y Zonia Muñós.
El presidente de la OCN admite que solo en el caso de Ramos se han exhibido pruebas de su vinculación con la banda criminal. En los casos más recientes, la organización sostiene categóricamente que son solamente “chivos expiatorios” detenidos por la Fiscalía, al no haber podido capturar a los verdaderos miembros de la banda.
UN PRONUNCIAMIENTO POLÉMICO
El 25 de junio de 2007, la Organización Campesina del Norte emitió un comunicado denunciando “la persecución permanente y sistemática a que es sometida la señora Carmen Villalba en el penal de mujeres del Buen Pastor, como la prohibición de reunirse con el marido, Alcides Oviedo, hasta de recibir materiales de lectura y objetos de uso personal, que son derechos inalienables”.
El pronunciamiento, con la firma de Asunción Duarte, presidente de la OCN, y de Adriana Muñoz, tesorera, expresaba además, de parte de la organización campesina, “nuestra solidaridad y fuerza en su lucha con una huelga de hambre llevada adelante en reclamo de su justo derecho”.
El documento fue considerado en su momento por parte de los investigadores de los crímenes atribuidos al llamado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP) como un apoyo político explícito por parte de la OCN hacia los principales fundadores del grupo armado (Alcides Oviedo es considerado el “comandante en jefe” y Carmen Villalba su vocera oficial desde la cárcel, ambos presos y condenados por el secuestro de María Edith de Debernardi).
Asunción Duarte niega esta interpretación y explica que el comunicado se emitió en otro contexto, cuando ellos entendieron que había una persecución de parte del Estado contra Carmen Villalba.
“Nos solidarizamos con las víctimas de abusos de parte del Estado por cuestión de principios, sin tener en cuenta la ideología”, dice Duarte.