Más de treinta gremios industriales y empresariales, entre ellos la Unión Industrial Paraguaya (UIP), la Asociación Rural del Paraguay (ARP) la Feprinco, entre otros, sentaron postura ayer, en un pronunciamiento, de preocupación por cómo se está degradando “de manera vertiginosa y, al mismo tiempo, peligrosa la labor de las instituciones estatales involucradas en el combate al contrabando”.
Recuerdan que la pandemia del Covid-19 dejó a la economía paraguaya sumida en una crisis en la que las asimetrías se volvieron más pronunciadas y que también expuso dramáticamente los efectos de la informalidad sobre la economía local. Sobre el punto, afirman que la pandemia obligó al Estado paraguayo a inscribir a personas en situación de informalidad y presupuestar cuantiosos recursos genuinos y externos para el pago de subsidios a las mismas. “Es la clarísima evidencia de la falta de resultados en las tareas de formalización que se vienen encarando desde hace años”, subrayan los empresarios.
Alertan que la recuperación económica real será un fracaso en caso de que las acciones no contemplen un combate firme al contrabando por parte de todos los organismos involucrados.
Insisten en que “para los gremios y empresas que dan trabajo formal, el combate a la informalidad es vital para la seguridad jurídica y el éxito de la recuperación económica, como así también para el modelo de país que impulsa el desarrollo que queremos para el Paraguay en los próximos años”.
MEDIDAS. A partir de lo expuesto, piden la destitución de los funcionarios involucrados en actividades de contrabando o defraudación y que todos sean puestos de inmediato a disposición de autoridades fiscal y judicial correspondiente.
Reclaman que se persiga decididamente el contrabando y a los contrabandistas desde el Ministerio de Industria y Comercio, de la Dirección Nacional de Aduanas, los municipios, la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Asimismo, los empresarios exigen restablecer con urgencia los controles desde la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) a los establecimientos comerciales para garantizar la correcta expedición de los comprobantes legales.
También plantean intensificar los controles para la identificación de actividades financieras ligadas al contrabando, así como endurecer los controles en los pasos fronterizos. A esto agregan como solicitud que se proceda al comiso y remate de vehículos que transportan contrabando y la destrucción de las mercaderías.
Asimismo, remarcan que se necesita la aplicación de sanciones más severas previstas en la normativa vigente a todos aquellos involucrados en cuestiones relativas al contrabando.
Sostienen que para salir de esta crisis nos falta un largo camino. “O vamos juntos por la legalidad y la formalidad o las consecuencias económicas serán aún más desfavorables para financiar la recuperación económica”, remarcan.
“Estamos trabajando para ver qué hacer”
El titular de Aduanas, Julio Fernández, dijo ayer que el lunes pasado estuvieron en una reunión en el Palacio de Gobierno con los representantes de instituciones como el Senave, la UIC, la SET, Delitos Económicos, la Armada, entre otros, que están en la lucha contra el contrabando, como también de los gremios.
Consideró que están trabajando para ver qué hacer con el tema del contrabando, que es una batalla permanente con la que están lidiando a diario.
Sostuvo que en este contexto de lucha permanente han logrado victorias y también tuvieron derrotas. “Y bueno, de esta manera vamos a ver qué podemos hacer para mejorar en resultados”, subrayó.