Se trata de Gustavo Venancio Gamarra Irrazábal quien ocupaba cargo en el Ministerio de Justicia. Posteriormente, había sido designado por la Secretaría de la Función Pública mediante Resolución Nº 51/2020, para intervenir como juez instructor en el marco de un sumario administrativo.
Tras la denuncia de apriete, la investigación fiscal apuntó que desde el inicio del sumario, solicitaba sumas de dinero a la víctima para conseguir una resolución favorable en el marco del sumario administrativo.
El Ministerio Público logró la condena para el funcionario por corrupción, en el 2022. Fue condenado a cinco años de pena privativa de libertad por los hechos punibles de cohecho pasivo agravado y coacción agravado.
“Durante el trámite del proceso a las solicitudes de dinero fueron incrementándose de forma sistemática, reiterada e insistente, bajo amenazas directas de provocar el despido si no entregaba sumas de dinero, a tal punto de causar la angustia de la víctima que no lograba conseguir lo solicitado por el funcionario y que temía perder su empleo”, relató en su informe la Fiscalía.
El Tribunal de Sentencia Especializado, que estuvo integrado por las magistradas Yolanda Portillo, Yolanda Morel y Elsa García había admitido la acusación contra el funcionario Venancio Gamarra Irrazábal. La acusación fue formulada por el fiscal Diego Arzamendia.
medida presidencial. El decreto presidencial establece que por Resolución N° 287, de fecha 9 de mayo de 2023, el Ministerio de Justicia da por concluido el sumario administrativo instruido a Gustavo Venancio Gamarra Irrazábal, mediante el cual se sanciona al citado funcionario con la destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por el término de cinco años, en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 71 de la Ley N° 1626/2000 de la Función Pública.
La sentencia definitiva emanada del Juzgado de Instrucción sumarial expresa que existen suficientes méritos para la aplicación de la sanción disciplinaria de destitución contenida en la Ley Nº 1626/2000 de la Función Pública en base a las disposiciones establecidas en caso de faltas graves cometidas en el ejercicio de su función.
