El proceso estuvo trabado un año y medio por recursos planteados por el encausado y el Ministerio Público, con relación a la pericia que arrojaría evidencias sobre el caso.
Aún está pendiente la realización del peritaje a dos teléfonos celulares para verificar si el legislador pidió 3.000 dólares americanos a la contadora Auda Fleitas, para conseguirle una resolución beneficiosa en la Cámara de Apelaciones de Ciudad del Este, en una investigación que la profesional enfrentaba en el fuero penal.
Sin embargo, la jueza penal de garantías Cinthia Garcete ya fijó para el miércoles 17 de junio la audiencia preliminar, mientras que el peritaje se debe realizar el lunes 8 de junio en el Laboratorio Forense del Ministerio Público, en caso de que no haya otro impedimento legal.
La causa quedó paralizada casi un año y medio en la Cámara de Apelaciones donde se discutía los puntos relacionados a la pericia de los teléfonos celulares de Fleitas y Portillo y cuando bajó, estuvo afectado por la paralización de actividades en el Poder Judicial a causa de la pandemia.
La audiencia de imposición de medidas se realizó ayer. La jueza Garcete sostuvo que la propia Fiscalía recomendó la aplicación de medidas alternativas a la prisión preventiva porque ya no existe peligro de obstrucción a la investigación penal. La defensa del legislador presentó fianza personal y caución real consistente en inmuebles con sus condiciones de dominio y tasación para garantizar su arraigo, así como otros documentos.
La filtración pública de la conversación telefónica entre Portillo y Fleitas derivó en una investigación penal contra el legislador. Esto habría ocurrido entre agosto de 2017 y agosto de 2018, según Fiscalía. El diputado fue imputado el 9 de enero de 2018 y acusado el 12 de noviembre de ese año por la fiscala Liliana Alcaraz.
