La resolución había sido dictada el pasado jueves, tras la audiencia donde se pidió la revocación de la prisión preventiva, o en su defecto, el arresto domiciliario.
En su recurso, los abogados Guillermo Duarte y Santiago Lovera, como cuestión previa, hablan de violación del artículo 191 de la Carta Magna, ya que consideran que el legislador tiene inmunidad para detención.
Alegan que si bien está desaforado, no puede ser detenido debido a que con su prisión, se impide que cumpla su función constitucional en el Congreso.
La defensa también sostiene que ellos plantearon el arresto domiciliario en el edificio Balmoral, en la capital, y que la caución ofrecida fue solo en caso de que el juez consideraba que necesitaba otra medida, ya que no era condición para el arresto.
Alega que el fiscal Luis Piñánez, si bien se opuso a revocar la prisión, se allanó al arresto domiciliario, debido a que no existía el peligro de obstrucción de las investigaciones.
Sin embargo, dicen que el juez rechazó el arresto domiciliario, de manera arbitraria, pese a que el agente fiscal se allanó al pedido.
El magistrado López había argumentado que la posición del fiscal era contradictoria, a lo que la defensa dice que no existe tal contradicción.
Con respecto a la carencia de documentación, como dice el juez, la defensa refiere que la ley señala que para el arresto domiciliario no se requiere ninguna medida adicional.
Sobre el peligro de obstrucción, dice que todo es “capricho del juez penal, vicio de arbitrariedad que conlleva a la nulidad de la resolución en estudio”.
“Al privar del derecho a la libertad a cualquier ciudadano, el juez penal de Garantías debe establecer con extrema precisión los motivos de tamaña decisión”, acota.
Con ello, solicita la nulidad de la resolución del juez, o en su defecto, que la revoquen y concedan el arresto domiciliario.
De la apelación, se correrá traslado al fiscal Luis Piñánez, por 24 horas.
