Las consecuencias económicas del contrabando son múltiples y sumamente graves. El mercado laboral se resiente, ya que las empresas paraguayas deberán recurrir a los despidos si las condiciones adversas tienden a mantenerse en el tiempo o no tendrán las condiciones adecuadas para garantizar empleos de calidad.
Los incentivos a invertir a largo plazo se reducen debido a la incertidumbre sobre las proyecciones de ventas y rentabilidad. Además, se debe mencionar que las recaudaciones tributarias se resienten debido a la retracción industrial y en el consumo.
Aunque pareciera una batalla en la que ya está derrotado el Estado, la ciudadanía no debe dejar de demandar una acción contundente de las autoridades nacionales en la lucha contra el contrabando.
En los últimos quinquenios, el gasto del sector público creció de manera importante no solo por la cantidad de funcionarios, sino también debido al aumento de las remuneraciones para supuestamente mejorarlas con respecto a las del sector privado y garantizar mayor eficiencia e integridad. También aumentó el gasto en vehículos, combustibles y otros insumos necesarios para mejorar la gestión de los recursos humanos, por lo que no caben las excusas de que no existan suficientes recursos.
Es inexplicable que ante estos avances no pueda ser posible que las instituciones competentes tengan tan pocos resultados.
Probablemente, una parte importante del fracaso tenga que ver con la ausencia de un real compromiso de los funcionarios públicos, más preocupados por quedar bien con su padrino político que con la ciudadanía.
Muchos de estos funcionarios, además de no generar resultados, se llevan parte de los recursos públicos a través de actos de corrupción o se mantienen callados siendo testigos de ellos. Es urgente que las autoridades diseñen e implementen un plan capaz de reducir drásticamente el contrabando.
La responsabilidad del sector privado no es menor a la del servicio civil. El bajo apego a la ley debe ser penalizado con la misma rigurosidad que en el sector público.
En el Paraguay no podremos tener crecimiento del empleo, reducción de la pobreza, aprovechamiento del bono demográfico ni ningún otro avance posible si la producción de alimentos y la industria no logran salir adelante. Porque ambos sectores son fundamentales para el desarrollo del país, lo cual exige una acción contundente del Estado paraguayo.
Pero no solo hay consecuencias económicas, también políticas. El contrabando es, por un lado, la consecuencia de un aparato estatal débil para hacer cumplir las normas, pero, por otro lado, es el factor causante de la erosión de los fundamentos de la institucionalidad, ya que trae consigo extorsiones, chantajes, pagos ilegales o coimas y tráfico de influencias.
El contrabando crea y recrea las condiciones que permiten debilitar los cimientos del sector público en los tres poderes del Estado y en todos los niveles de gobierno, configurándose un círculo vicioso muy difícil de salir cuando se consolida. El combate a este flagelo debe ser una prioridad por sus importantes efectos negativos; sobre todo, en lo institucional trae aparejada corrupción, en funcionarios técnicos, autoridades políticas, y en lo administrativo y judicial. El contrabando erosiona las bases de la democracia al poner los intereses particulares por encima del bien común. El fracaso en esta lucha muestra no solo incapacidad de las autoridades, sino fundamentalmente ausencia de compromiso con la gente.