El proyecto, considerado “trascendental” por el Gobierno de Enrique Peña Nieto, fue avalado por los diputados en sus términos generales y particulares, a las 13.08 hora local (19.08 GMT), después una sesión ininterrumpida de más de veinte horas en una improvisada sede alterna de la Cámara baja.
La reforma, aprobada ayer en el Senado, ahora tiene que ser ratificada por al menos 17 de los 32 poderes legislativos de los estados porque incluye cambios a tres artículos de la Constitución.
El debate en la Cámara de Diputados comenzó minutos después de las 17.00 hora local del miércoles (23.00 GMT) en un auditorio del recinto legislativo porque el salón de plenos fue tomado por diputados de izquierda.
Los diputados aprobaron anoche el texto en términos generales, pero continuó el debate de las impugnaciones a los artículos del proyecto presentadas por los partidos de izquierda, las cuales fueron desechadas una a una por la mayoría de los legisladores.
Tras la última votación del documento, que recibió 353 votos a favor y 134 en contra, los legisladores lanzaron gritos de “México, México”.
Los partidos Revolucionario Institucional (PRI), en el Gobierno, y Acción Nacional negociaron el contenido de la reforma, que permite la participación de la iniciativa privada en la explotación de petróleo y gas a través de contratos de producción o de utilidad compartida.
El objetivo es que Petróleos Mexicanos (Pemex) se reserve la explotación de los yacimientos más rentables, mientras que aquellos que están ubicados en aguas ultraprofundas y que requieren de mayor tecnología se ofrezcan a la iniciativa privada.
La izquierda mexicana se opuso a la reforma porque considera que con ella se está despojando a la nación de sus recursos energéticos y apuesta a la celebración de un plebiscito coincidiendo con las elecciones legislativas de 2015 para que sea ratificada o revocada.
El Gobierno insiste en que no se trata de una privatización y que los “recursos energéticos y la renta petrolera seguirán siendo propiedad de todos los mexicanos”.
Y es que desde la expropiación de la industria petrolera decretada en 1938 por Lázaro Cárdenas, este recurso es considerado por los mexicanos como un símbolo de la soberanía nacional.
