Lo sucedido, y sigue sucediendo, en la Municipalidad de Ciudad del Este y en torno a ella es la prueba más visible de que allí hay más que gato encerrado. La secuencia de los hechos y la intervención de diversas instancias del Estado y del poder político reflejan no solo la importancia de aquel reducto del país, sino además lo que representa en términos de poder político y económico, con fines siempre electorales en la trastienda.
Sandra McLeod de Zacarías, a la sazón aún intendenta, es el rostro visible de toda una maraña de intereses por detrás que se empotraron en el poder municipal hace casi 20 años, y desde entonces desarrollaron una serie de acciones articuladas de las que hoy están siendo denunciados por la Junta.
Para entender cómo fueron los momentos más álgidos de este culebrón y visibilizar con claridad los hilos que mueven al títere, es importante atender quiénes son los actores, las instancias a las que pertenecen, el sector político al que responden y los argumentos que esgrimen.
La Junta denunció la existencia de irregularidades diversas (detalladas) en el funcionamiento de la Comuna y solicitó la intervención. El tema recaló en la Cámara de Diputados, organismo legal que debe disponer estos temas. El asunto empezó a generar una ebullición política y ante la inminencia de su tratamiento y eventual aprobación. Como los legisladores y operadores cartistas intrínsecamente aliados a los Zacarías McLeod no lograron mayores avances para trabar la definición del caso, la intendenta renunció de modo indeclinable ante el legislativo municipal. En ese acto condicionó que habiendo dimitido ya no tenía sentido que la Cámara Baja aprobara la intervención. En acto paralelo, y sin explicación jurídica, lógica ni racional, el Tribunal Superior de Justicia Electoral –con sus tres miembros– decidió llamar a elecciones anticipadas en Ciudad del Este para intendencia, sin que antes la Junta tratara la renuncia, como disponen las leyes. Este apresuramiento denotó que había un plan trazado que apuntaba a distraer la atención del problema principal: la corrupción y la intervención en la gestión de McLeod; y hacer creer que el cambio de autoridad hacía desaparecer el problema de fondo.
La primera parte de la táctica para evitar una investigación no funcionó. Diputados votó por mayoría la intervención (59 por el sí, dos por el no, 16 abstenciones, dos no votaron y dos ausentes). Entonces amenazó –a lo Cartes– con retirar su renuncia indeclinable.
La segunda parte de la táctica tampoco funcionará. Ante la eventual imposibilidad de revocar su dimisión, porque su nota será tratada mañana en la Junta y su aceptación ya tiene mayoría de voto de momento, anuncia que la retirará si no hay elecciones libres y transparentes como manda el irregular llamado del TSJE.
Mientras tanto, la Justicia Electoral busca salir del atolladero, con alguna desazón, articulando argumentos no muy consistentes para sostener su desliz, que reputa prevaricato. A estas horas sobre sus miembros ya penden amenazas de juicio político desde sectores del Congreso.
McLeod construyó el discurso de que es una persecución política. Más allá de que haya grupos interesados, la corrupción siempre abruma y no tiene color. Ojalá esta vez se haga justicia, en homenaje a los honestos pobladores de Ciudad del Este.
