Editorial

El caso Cartes y la necesidad de mejorar lucha contra el lavado

La gran repercusión mediática y política de la orden de prisión preventiva y captura internacional dictada por un juez brasileño contra el ex presidente Horacio Cartes y otras 19 personas, de las cuales 8 son del Paraguay, por presuntos delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación criminal, como parte de la operación Lava Jato, coincide con el inicio de la evaluación que somete el Gafilat a nuestro país, para determinar cuánto se ha avanzado en la lucha contra el lavado de dinero. Colaborar con la Justicia internacional para que todo se investigue y se aclare debidamente es el gran desafío. La clase política, especialmente en el Poder Legislativo, deberá decidir entre respaldar la transparencia o la impunidad.

En coincidencia con el inicio de la evaluación que realiza el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat) a los organismos del Estado paraguayo, para determinar cuánto se ha avanzado en la lucha contra el lavado de dinero, ayer se dio a conocer con un gran impacto político y mediático la orden de prisión preventiva y captura internacional dictada por un juez federal brasileño contra el ex presidente Horacio Cartes y otras 19 personas, de las cuales 8 son del Paraguay, por presuntos delitos de corrupción, lavado de dinero y asociación criminal, como parte de la operación Lava Jato.

La medida dispuesta por el juez Marcelo Bretas, de la Corte Federal de Río de Janeiro, ubica nuevamente al Paraguay en una situación de imagen negativa como un país en donde se recibe y protege a delincuentes internacionales. Al fundamentar el pedido de prisión, el magistrado del vecino país dice que las investigaciones sobre el denominado Operativo Patrón apuntan a que Horacio Cartes es sospechoso de ser cómplice del principal acusado en la ramificación paraguayo-brasileña del Lava Jato, Darío Messer (actualmente preso en Brasil), y que ayudó a ocultarlo en territorio paraguayo mientras el mismo permaneció prófugo de la Justicia.

Incluso, en el expediente se menciona que según imágenes extraídas del celular de Darío Messer, principal involucrado en la gran red de lavado de dinero y corrupción, este había escrito en junio de 2018 a Cartes (cuando aún era presidente del Paraguay) de puño y letra, a quien solicitó 500.000 dólares para sus gastos jurídicos iniciales, utilizando como intermediario al empresario brasileño radicado en Paraguay Roque Fabiano Silveira, vinculado al tráfico de cigarrillos en la zona de Salto del Guairá. Silveira es otro de los buscados por la Justicia brasileña, presuntamente por haber ocultado a Messer en una de sus estancias en Canindeyú y por haber hecho de nexo con Cartes para obtener los fondos de auxilio.

Las acusaciones de la Justicia brasileña son graves, ya que comprometen la presunta actuación de un mandatario paraguayo al margen de la ley para ayudar a un prófugo considerado líder de la mayor red de lavado de dinero transnacional que movió más de 1.600 millones de dólares en cuentas de 52 países y más de 3.000 empresas, y la situación se plantea justamente en momentos en que el Estado paraguayo necesita demostrar su voluntad de avanzar en la lucha contra el lavado de dinero, bajo el riesgo de que con una evaluación negativa pueda quedar nuevamente en la lista gris del Gafilat, como ya ocurrió en años anteriores, con perjudiciales consecuencias para nuestra economía.

Colaborar con la Justicia internacional para que todo se investigue y se aclare debidamente es el gran desafío para las autoridades paraguayas. Con el procesamiento de Cartes y de otras personas paraguayas o residentes en el país se abre un proceso de debate en que se dividirán posturas según los intereses políticos, pero será primordial tener en cuenta los intereses del país por encima de los de sectores políticos o corporativos. Los miembros de la clase política, especialmente en el Poder Legislativo, deberán decidir entre respaldar la transparencia o la impunidad.

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