Una decena de indios resultó herida el pasado fin de semana por un grupo de hombres armados en una aldea situada a unos 220 kilómetros de Sao Luis, la capital de Maranhao, según relató el Consejo Indigenista Misionero (CIMI), entidad vinculada al Episcopado brasileño.
Tres de las víctimas se encuentran ingresadas en el hospital por heridas de bala e incluso uno de ellos, en estado grave, tuvo sus manos amputadas por uno de los pistoleros, quienes alegan que los indígenas invadieron un terreno privado y mantuvieron retenida a una mujer durante dos horas.
La crueldad de los actos refleja la gravedad del conflicto y la “inoperancia” del Gobierno brasileño ante la batalla indígena por la demarcación de sus tierras, según denunció en una entrevista a Efe Cleber Buzatto, secretario ejecutivo del CIMI.
Dicha “inoperancia”, señala Buzatto, ha llevado a los indios a emprender “acciones directas” para “retomar el territorio” que actualmente está en manos de grandes agricultores, quienes cuentan con un fuerte respaldo en la Cámara de Diputados.
Para el portavoz del CIMI, la batalla por las tierras se ha intensificado en los últimos dos años, especialmente tras la llegada al poder del presidente Michel Temer, quien se encuentra al frente del Ejecutivo de manera efectiva desde el pasado 31 de agosto, cuando Dilma Rousseff fue destituida por el Senado.
“Creemos que el sentimiento de impunidad y protección se ha fortalecido con el dominio cada vez mayor de (representantes de) la agroindustria” en el Legislativo, aseguró Buzatto, quien destacó el “prejuicio” que existe contra los indios en Brasil.
La investigadora de Amnistía Internacional (AI) Renata Neder opinó que el Estado brasileño “ha fallado” a la hora de garantizar protección a las personas que están siendo amenazadas, entre ellas los indígenas, cuyos derechos “están siendo constantemente atacados”.
En este sentido citó un proyecto debatido en el Congreso y conocido como PEC 215, que propone traspasar al Parlamento la potestad para la demarcación de reservas indígenas, que hasta ahora está en manos del Gobierno.
Según las comunidades indígenas, en el Congreso existen fuertes grupos de presión que defienden los intereses de grandes hacendados, terratenientes y empresas que operan en la Amazonía, que pasarían a influir en las decisiones sobre sus tierras si el proyecto fuera aprobado.
Uno de los impulsores de esa medida es el actual ministro de Justicia, Osmar Serraglio, un diputado de la llamada “bancada ruralista”, un grupo parlamentario suprapartidista que representa los intereses de los grandes hacendados.
Según el diario Folha de Sao Paulo, Serraglio ha realizado 100 audiencias con integrantes del Frente Parlamentar Agropecuario y con políticos investigados en el caso Petrobras, pero ninguna con representantes y movimientos indígenas.
“El Estado no está delimitando las tierras y los indígenas están bajo el ataque de grupos privados. El Estado debería protegerles”, aseguró a Efe la asesora de Derechos Humanos de AI.
En medio de ese conflicto, el Gobierno brasileño anunció el viernes la exoneración del presidente de la estatal Fundación Nacional del Indio (Funai), Antonio Fernandes Costa, que expresó sus divergencias con el Ejecutivo.
Fernandes Costa, que ya había criticado los cortes presupuestarios en la Funai, atribuyó su despido al hecho de ser “honesto” y un “defensor de la causa indígena” ante un ministro que defiende los intereses de los grandes hacendados, en referencia al titular de Justicia.
La violencia en el campo en Brasil alcanzó en 2016 su peor nivel en los últimos 13 años, con 61 muertes en 1.536 conflictos por la tierra, de acuerdo con la Comisión Pastoral de la Tierra (CPT).
De las 61 víctimas el año pasado, 13 eran indios, 4 descendientes de esclavos prófugos, 6 mujeres y 16 jóvenes de menos de 29 años.
La Pastoral considera que el aumento de la violencia obedece entre otras razones a la impunidad en que permanece la mayoría de los crímenes por disputas por tierra en Brasil, ya que la justicia solo ha condenado a 31 autores de homicidios en únicamente 112 procesos por las 1.834 personas que fueron asesinadas en este tipo de conflictos en el país entre 1985 y 2016.
Alba Santandreu
