Se refirieron a una auditoría realizada al ejercicio fiscal 2010 del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). Efraín Alegre estaba al frente de la institución y su viceministro de Administración y Finanzas era Bogado Tatter.
El 18 de marzo de 2011, el entonces contralor general de la República, Óscar Rubén Velázquez Gadea, dispuso por Resolución Nº 170 la realización de la auditoría financiera y presupuestaria al MOPC, correspondiente al ejercicio fiscal 2010.
En fecha 28 de diciembre de 2011 concluyó la auditoría y recién el pasado 25 de noviembre de 2015 el informe final del trabajo fue remitido al ministro de Obras Públicas, Ramón Jiménez Gaona.
Una de las varias observaciones hechas en el informe de más de 100 páginas, que estuvo cajoneado por casi cuatro años, refiere a la falta de rendición de cuentas en el objeto de gasto 520 – Construcciones, por G. 41.719.247.739. En el documento también se menciona que la institución auditada (el MOPC) realizó pagos de más por certificación de obras, por G. 1.298.028.753.
De acuerdo con ambos políticos liberales, toda la documentación respaldatoria respecto a las observaciones hechas en el informe fue remitida a la Contraloría en tiempo y forma. “La Contraloría, que debiera ser la institución que dé certeza sobre las finanzas del sector público, tiene hace 5 años toda la documentación con el único objetivo de generar un perjuicio a quienes estuvieron en la administración cinco años atrás, esa es la realidad, no hay otra explicación”, manifestó Alegre. Bogado Tatter precisó que ya en época de Salyn Buzarquis como ministro del MOPC, en el 2012, se remitieron todos los documentos respaldatorios. “Toda la documentación respaldatoria siempre estuvo a disposición de la Contraloría para su revisión pertinente (...)”, dijo. A ambos les llama le atención el hecho de que la Contraloría no se haya expedido hasta la fecha sobre los documentos que presentaron. “Por nota pedimos a la Contraloría en innumerables oportunidades que se expida”, indicó Alegre. Fuentes señalan que el entonces contralor Rubén Velázquez Gadea y Roy Rodgers, actual contralor interino, quien en ese entonces se desempeñaba como asesor jurídico, fueron quienes mantuvieron “escondido” el informe final de la auditoría.