Hasta el momento, siete de las 12 personas sancionadas por la Orden Ejecutiva del 1 de mayo son militares (entre ellos, varios generales) y cuatro de las cinco entidades afectadas pertenecen orgánicamente al ejército cubano o están dirigidas por uniformados.
No parece una casualidad. Estas sanciones de Washington -que se prevé que no sean las últimas- vienen a subrayar que las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) de Cuba son mucho más que un ejército, como coinciden en señalar los expertos.
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De un lado está su poder político, tanto en lo abstracto como en lo concreto. Las FAR, formadas a partir del ejército rebelde que propició el triunfo de la revolución en 1959, han sido desde sus inicios una fuente de legitimidad y capital político, aunque éste se haya erosionado con el paso de los años y las crisis.
Su primera figura es el ex presidente Raúl Castro, quien fue ministro de las FAR durante casi medio siglo, entre 1959 y 2008. Pese a que abandonó en la década pasada todos sus cargos en el Gobierno de la isla y el partido Comunista de Cuba (PCC, único legal), se mantiene a sus 94 años como general de Ejército.
Su figura, a la que últimamente los medios oficiales denominan “líder al frente de la revolución”, sigue siendo esencial en el juego político cubano. De ahí su papel -y el de su nieto Raúl Guillermo Rodríguez Castro, “Raulito"- en los recientes contactos con EEUU.
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Por eso tendría hondas repercusiones políticas una posible acusación formal contra él en EEUU, como se ha avanzado en varios medios estadounidenses, en relación al incidente de 1996 en el que Cuba derribó dos avionetas de la organización cubanoamericana “Hermanos al Rescate”.
Más allá de Raúl Castro, los militares cubanos tienen una presencia estratégica transversal en los principales círculos políticos: de los 13 miembros del buró político del PCC -el núcleo del poder-, cuatro son generales; y en el Consejo de Ministros son cinco los uniformados.
Además, entre los nuevos siete militares sancionados por EEUU, cinco son también diputados en la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP, parlamento unicameral) y cinco pertenecen al selecto centenar de personas que integran el Comité Central del PCC.
40% del PIB
Luego está el poder económico de las FAR, que viene a ser lo mismo que decir Gaesa. El conglomerado empresarial de los militares, que se estima que controla al menos el 40% del producto interno bruto (PIB) cubano, tiene una vasta cartera de áreas de negocio que toca casi todos los aspectos de la vida de la isla.
Gaesa es dueña de todos los hoteles de la isla y controla el monopolio de las telecomunicaciones Etecsa (Empresa de Telecomunicaciones de Cuba SA) y la Zona de Desarrollo Especial de Mariel (ZDEM). Asimismo está a cargo de las tiendas minoristas en divisas, las agencias de viajes, las gasolineras, las aduanas y las marinas, además de tener intereses en el sector inmobiliario, transportista, financiero y logístico.
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Lo que empezó en 1995 como una fórmula para financiar al ejército en plena crisis del Período Especial se ha convertido en un gigante, en gran medida por quien fue su presidente ejecutivo durante casi tres décadas y hasta su muerte en 2022, Luis Alberto López-Calleja, quien además de general y miembro del buró político, fue yerno de Raúl Castro y padre de “Raulito”.
La opacidad y el secretismo rodean a este conglomerado que no es citado en los medios oficiales -ni siquiera cuando fue sancionado- y cuyo nombre no aparece en la fachada del edificio que acoge su casa matriz, en la habanera Avenida del Puerto.
Algunas informaciones han apuntado en los últimos meses que Gaesa dispone de reservas multimillonarias, pero un estudio de la revista británica The Economist estimaba que, con el derrumbe del turismo y las remesas, el conglomerado apenas contaba actualmente con unos 1.000 millones de dólares.
Lo que parece emerger con cierta certeza alrededor de Gaesa es que, pese a ser la mayor organización económica de Cuba, sus balances no están integrados en el presupuesto estatal, parece que apenas paga impuestos y además su actividad no es auditada por la Contraloría General.
Fuente: EFE.
