Los condenados son el estadounidense Brian Lemley, de 35 años, y el canadiense Patrik Mathews, de 29, ambos ex militares en sus respectivos países.
Técnicamente, Lemley y Mathews fueron condenados por crímenes de armas y migratorios, de los que ambos se declararon culpables, aunque las autoridades defienden que su objetivo final era cometer actos terroristas.
De acuerdo con documentos judiciales, Lemley y Mathews planeaban participar en una manifestación de partidarios de las armas en Richmond (Virginia), donde consideraban que “empezaría el colapso del Gobierno de Estados Unidos”.
“Creían que en la protesta, ellos y otras (personas) de ideas afines comenzarían a asesinar y destruir de forma sistemática para forzar la capitulación y la desaparición del gobierno de los Estados Unidos”, indicó en un comunicado el Departamento de Justicia.
Los condenados fueron detenidos por agentes de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) el 16 de enero de 2020, cuatro días antes de la manifestación prevista en Richmond, después de semanas de seguimiento y vigilancia con cámaras y micrófonos ocultos.
Además de Lemley y Mathews, un tercer acusado en el caso, William Garfield Bilbrough IV, ya había sido condenado a 5 años de cárcel tras declararse culpable de delitos migratorios.
Los delitos migratorios aluden a la situación de Mathews, que huyó de Canadá e ingresó de manera irregular a Estados Unidos después de que una investigación periodística del Winnipeg Free Press sobre The Base revelase que formaba parte de esta organización internacional.
Lemley y Bilbrough transportaron y asistieron a Mathews durante su tiempo en Estados Unidos.
Los tres participaron en una formación de estilo militar de The Base en el estado de Georgia.
En el momento de su detención, residían juntos en un apartamento en Delaware.
“Lemley, Mathews y otros de The Base estaban ensamblando armas de fuego y recolectando miles de rondas de municiones con la intención de cometer violencia en apoyo del nacionalismo blanco y la caída del Estado estadounidense”, afirmó el fiscal federal Erek L. Barron.
