“Maduro tiene opciones y decisiones que solo él puede tomar” y “le hemos dejado muy claro” que lo primero que tiene que hacer “es publicar todos los datos electorales y los resultados” de las elecciones, afirmó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.
“Hemos emitido sanciones. No vamos a descartar nada en el futuro”, añadió en una rueda de prensa telefónica.
El pasado jueves, Washington sancionó a 16 funcionarios de las autoridades electorales, la Corte Suprema, la asamblea nacional, las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia de Venezuela. Estados Unidos precisó que van más de 140 personas sancionadas y más de 100 entidades.
Entre los sancionados figuran directivos de la autoridad electoral como Rosalba Gil; la presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Caryslia Beatriz; y Edward Briceño, el fiscal que emitió la orden de captura contra el principal rival de Maduro en las elecciones Edmundo González Urrutia.
También destacan Domingo Antonio Hernández Lárez, el número tres de la fuerza armada, responsable de las operaciones militares, y Pedro José Infante Aparicio, primer vicepresidente de la Asamblea Nacional.
Los 16 funcionarios “impidieron un proceso electoral transparente y la publicación de resultados electorales precisos”, sostiene el gobierno de Biden, que reclama desde el 28 de julio el detalle de las actas.
“Venezuela rechaza, en los términos más enérgicos, el nuevo crimen de agresión cometido por el gobierno de los Estados Unidos de América en contra de Venezuela al imponer medidas coercitivas unilaterales”, señaló la cancillería venezolana en un comunicado.
Las medidas se anunciaron “en un acto grosero que busca congraciarse con una clase política que ha echado mano a prácticas fascistas y violentas para derrocar, sin éxito, la democracia bolivariana”, añadió el texto.
Las medidas implican la congelación de los activos que los sancionados posean directa o indirectamente en Estados Unidos, así como la prohibición de que cualquier persona o empresa estadounidense haga negocios con ellos.
Paralelamente el Departamento de Estado “toma medidas para imponer nuevas restricciones de visa”.
Washington asegura que “las tácticas de intimidación” del gobierno venezolano, incluida la emisión de una orden de arresto contra el candidato presidencial “exitoso” Edmundo González Urrutia obligaron a éste a salir de Venezuela para pedir asilo en España.
EEUU ya impuso en el pasado numerosas sanciones a funcionarios venezolanos, incluido el propio Maduro, acusado de narcotráfico por Washington.
