“Seguimos profundamente preocupados por la práctica del Gobierno de Baréin de retirar la nacionalidad a sus ciudadanos de manera arbitraria, por el precedente general que este caso podría establecer, y el riesgo de que haya ciudadanos que queden apátridas”, afirmó hoy el portavoz del Departamento de Estado, John Kirby, en su rueda de prensa diaria.
“Nuestra preocupación crece ante las informaciones de que Isa Ahmed Qasim no pudo responder a las acusaciones que se hicieron en su contra antes de que se tomara la decisión o replicar la decisión a través de un proceso legal transparente”, agregó el portavoz.
Estados Unidos continuará dando seguimiento a este caso, al tiempo que urge a todas las partes involucradas a ejercer contención en respuesta a este suceso.
“Por encima de todo, nos preocupa que este caso, como otras acciones del Gobierno (de Baréin), desvíen más a los bareiníes del camino de la reforma y la reconciliación. Ese camino que el liderazgo del país ha perseguido sabiamente sigue siendo el mejor medio para mejorar la seguridad del país y cumplir las aspiraciones de todos los ciudadanos”, indicó el portavoz estadounidense.
Las autoridades bareiníes decidieron hoy retirar la nacionalidad a Qasim, a quien acusan de fomentar un ambiente sectario y extremista y dañar la unidad del país.
El Ministerio del Interior justificó su medida asegurando que Qasim creó además “organizaciones que siguen una política religiosa externa”, en alusión a Irán, y “trabajó para dividir a la sociedad”.
Esta decisión llega seis días después de que la Justicia bareiní disolviera Al Wefaq -el principal partido de la oposición-, congelara sus fondos y prohibiera sus actividades.
Qasim ha secundado y encabezado protestas en Baréin para exigir reformas políticas y apoyó el boicot a las elecciones parlamentarias y municipales de finales de 2014.
Los chiíes -que representan la mayoría de la población en Baréin, gobernado por una monarquía suní- han protagonizado protestas desde 2011 para pedir reformas políticas, que han sido reprimidas por la fuerza.
Las autoridades han encarcelado a muchos opositores, entre ellos Ali Salman, el secretario general de Al Wefaq, y han retirado la nacionalidad a decenas, lo que ha sido denunciado por organizaciones locales e internacionales defensoras de los derechos humanos.
