Este lunes a las 19:00, en la Asociación de Frutilleros, en Estanzuela, Itauguá, vecinos y ediles volverán a reunirse para debatir acciones en torno a la exigencia de transparencia y participación que se plantea al Gobierno sobre el proyecto de ampliación de la ruta PY02.
El pasado martes, en el Hotel La Candelaria, se realizó la primera reunión entre concejales de Ypacaraí, Itauguá, Luque y Areguá y se conformó un frente intermunicipal, donde calificaron a la ampliación de la ruta como un “avasallamiento legalizado a la propiedad privada y al medioambiente”.
Tras dicha reunión, que también reunió a grupos ciudadanos organizados, se debatieron los posibles impactos y se expresó una fuerte preocupación por la falta de información oficial, la ausencia de participación ciudadana efectiva y los posibles efectos negativos que la obra podría acarrear para el Lago Ypacaraí, los humedales, el patrimonio cultural y el modo de vida de las comunidades.
También se cuestionó la modificación de zonificación realizada en 2022, que habilita usos más intensivos en zonas sensibles del perilago y se alertó sobre el avance de un proyecto de infraestructura de gran escala sin estudios de impacto ambiental, ni procesos adecuados de consulta.
Según un comunicado posterior, los participantes coincidieron en la necesidad de promover audiencias públicas en las ciudades afectadas, exigir transparencia en la información sobre el proyecto, defender el derecho a un desarrollo urbano planificado y sostenible, y solicitar la revisión de los trazados propuestos y alternativas menos dañinas para el ambiente y las comunidades.
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“Desde distintas voces, se resaltó que no se trata de oponerse al desarrollo, sino de asegurar que este respete los derechos ciudadanos, el ambiente, la identidad cultural y la planificación urbana sostenible. Se propuso trabajar de manera coordinada entre representantes institucionales, vecinos y organizaciones, con el fin de generar propuestas viables, garantizar el acceso a la información pública y abrir espacios de diálogo con las autoridades competentes. La reunión finalizó con un llamado claro: la ciudadanía quiere ser parte de las decisiones que afectan su territorio y su futuro”, finaliza el comunicado.
Nueve impactos críticos
Durante la reunión de la semana pasada, Gustavo Díaz, coordinador General de la BioEscuela Popular El Cántaro, realizó la presentación de un documento titulado “9 Impactos críticos socioambientales y urbanos”, de la ampliación de la ruta 2 y el cambio de zonificación a “uso intensivo” en el perímetro del Lago Ypacaraí.
Explicó que la ampliación a 4 carriles de la ruta 2 y el cambio de zonificación ponen en riesgo al ecosistema del lago y los municipios que lo albergan, “con impactos irreversibles si no se actúa a tiempo”. Destacó que el Lago Ypacaraí representa el 23% de los humedales del país, en un ecosistema que sustenta a más de 1.500.000 habitantes y 21 municipios.
En la presentación se detalla que el proyecto del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) representa un costo de USD 180 millones, y que contrasta con los USD 161,7 millones que dio el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para recuperar el lago ya degradado.
El primer impacto señalado es que habrá mayor contaminación y degradación del lago, lo cual contradice el Plan de Manejo del Lago Ypacaraí y otras leyes ambientales. Resalta que los humedales del lago actúan como riñones naturales y estos se verán afectados por la impermeabilización por asfalto.
En segundo lugar, plantea que la pérdida irreversible de servicios ecosistémicos críticos, indicando que los humedales del lago proporcionan servicios valorados en US$ 47.000/hectárea/año, según metodología de valoración económica ambiental. “Su destrucción elimina beneficios que la infraestructura artificial no puede reemplazar”, detalla.
Como tercer impacto fue señalado el agravamiento crítico de inundaciones urbanas y erosión; el cuarto, la contaminación del aire y acústica en ciudades; el quinto, la afectación a barrios vulnerables y desplazamientos forzosos; el sexto, es la generación de tráfico inducido (la paradoja de las autopistas); el séptimo, la fragmentación de corredores ecológicos críticos; el octavo, la sobrecarga crítica de infraestructura urbana; y por último, el agravamiento de la crisis alimentaria y pérdida de soberanía.
