La Asamblea, con el voto unánime de todos los legisladores, aprobó el cuerpo normativo que establece derechos y obligaciones para emigrantes, inmigrantes, personas en tránsito, quienes requieren protección internacional, víctimas de delitos de trata de personas y de tráfico ilegal de migrantes.
El Legislativo indicó en un comunicado que la ley promueve acciones “para proteger a quienes se encuentren en movilidad humana, se reconoce que son iguales ante la ley y que nadie será ilegal por su condición migratoria”.
Para los ecuatorianos que residen en el exterior la ley reconoce su derecho a la participación política, acceso a becas, educación a distancia y establece normas para la repatriación de cadáveres, búsqueda de personas desaparecidas, protección consular, salud, acceso a la justicia, servicios de registro civil e identidad.
Para los extranjeros en Ecuador la norma simplifica los requisitos para obtener su condición migratoria y establece dos tipos de residencia: temporal o permanente.
También sintetiza los trámites para otorgar el visado a extranjeros y establece ocho figuras en este campo: residente temporal, temporal de excepción, permanente, diplomática, humanitaria, de turista, especial de turismo y por convenio.
Asimismo, duplica el tiempo de autorización de permanencia en el país de noventa a 180 días y obliga a los extranjeros a contar con un seguro de salud por el tiempo de su estadía.
Los ecuatorianos que retornen al país podrán homologar la capacitación profesional, tendrán derecho a la reinserción al sistema educativo en todos sus niveles, acceso al sistema financiero, tendrán prioridad en créditos para emprendimientos y la posibilidad de traer su menaje de casa sin pagar tributos.
La ley también establece una regulación para la comunidad suramericana, pues los ciudadanos de la región podrán ingresar, circular y salir de territorio ecuatoriano con la sola presentación del carné de identidad.
Tras la aprobación de la ley, que deberá ser entregada a la Presidencia de la República para su aceptación o veto, la Asamblea hizo un reconocimiento a la legisladora Dora Aguirre, quien emigró a España en el pasado y que ahora impulsó la normativa.
“Esta ley es progresista en materia de promoción de derechos humanos, respeto a las personas de distintos orígenes que viven en Ecuador e inclusión”, aseguró Aguirre.
Durante el debate, la presidenta en funciones de la Asamblea, la oficialista Rosana Alvarado, recordó la fuerte emigración de ecuatorianos como consecuencia de la crisis bancaria que afectó al país a finales de la década de los noventa.
Según ella, mientras los poderosos decidieron sacar sus recursos fuera del país por la crisis, fueron los emigrantes los que sostuvieron la economía del país con el envío de sus remesas.
Los emigrantes “fueron forzados a dejar su país, nos sostuvieron a quienes tuvimos la oportunidad de quedarnos; a ellos todo nuestro reconocimiento, nuestro cariño y para ellos esta ley”, remarcó Alvarado.
Otro legislador, Armando Aguilar, destacó la actitud de Ecuador por acoger a refugiados, sobre todo en las provincias fronterizas, que tienen un alto número de ciudadanos colombianos desplazados por la violencia en esa nación.
La asambleísta Mary Verduga señaló que la ley brinda protección, justicia y reconocimiento de derechos a los inmigrantes, con el objetivo de incluirlos en la dinámica y desarrollo del país.
