El próximo 11 de junio arranca oficialmente la revisión del Anexo C del Tratado de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) y tal vez signifique el examen más importante para el Gobierno de Horacio Cartes, en lo que se refiere a política exterior. Es verdad que Yacyretá fue tema de discusión en gobiernos anteriores, pero este año se cumplieron 40 años de la entrada en vigencia del Tratado, lo que permite reformar o actualizar un Anexo C que fue (al igual que todo el Tratado) pisoteado por los gobiernos argentinos, con la complacencia de muchas autoridades paraguayas.
He allí el gran compromiso del equipo negociador de Cartes, encabezado por el canciller Eladio Loizaga. Son cuatro décadas de dominio absoluto de Argentina en un emprendimiento que, como su propio estatuto lo dice, es binacional y se edificó en base a las necesidades de ambos países, con sentimientos de fraterna amistad. Sin embargo, todas las decisiones relevantes, los atrasos en la construcción de la represa (20 años para que empiece a funcionar), los sobrecostos y demás irregularidades, fueron responsabilidad del país vecino. Y esto es algo que el propio director ejecutivo Óscar Thomas reconoció días atrás en su Twitter.
Con su característica verborragia virtual, el director argentino también expresó que Paraguay solamente aportó USD 10 millones para levantar Yacyretá, de los USD 50 millones que el Anexo A del Tratado le obliga a contribuir. Si bien esto es cierto, Thomas se olvidó de mencionar que el 80% del territorio inundado está en Paraguay y solo el 20% corresponde a Argentina.
Significa que el Estado paraguayo debe cobrar USD 1.000 millones por la compensación, pago que hasta ahora la EBY no hizo. Seguramente Thomas piensa que sacando en cara las cuentas de la EBY y los aportes hechos por Argentina (más de USD 6.000 millones), podría hacer que los reclamos de técnicos y políticos paraguayos se amilanen.
Es verdad, el Gobierno argentino realizó los aportes, puso el dinero, pero no es menos cierto que los retrasos y sobrecostos en la construcción; instalar solo 20 turbinas de las 30 que indica el tratado; operar a cota ilegal; emitir decretos para establecer que los aportes sean préstamos (para generar millonarios intereses) y la aplicación unilateral de la Nota Reversal de 1992 (que le generó menos ingresos a Yacyretá) también fueron responsabilidad del país vecino. Los argentinos siempre detentaron la Dirección Ejecutiva, siendo que el Anexo A del Tratado establece la alternancia.
Cartes anunció que exigirá la clarificación de las cuentas de la EBY y que solo reconocerá los aportes hechos por Argentina; en el estudio de la deuda. Además, pedirá la cogestión, durante la revisión del Anexo C. Es decir, se planteará que por primera vez el director paraguayo esté al frente del Comité Ejecutivo. Veremos qué puede lograr el jefe de Estado y si prima su tan mentado patriotismo. Dijo que quería ser “el nuevo Carlos Antonio López”. Aquí tiene una interesante prueba.
