Se trata de Hassan Zainedine, nacido en el Líbano con residencia en Encarnación y Sisela Susana Benítez Villalba, de 36 años, encargada del Registro Civil de San Juan del Paraná, Departamento de Itapúa.
El operativo estuvo a cargo del fiscal Luis Piñánez y el jefe de Delitos Financieros, Luis Benítez, quienes informaron de los detalles del caso y la conexión entre los detenidos. En ese sentido, resaltaron que ambos son sospechosos de pertenecer a una red de falsificación de documentos y terrorismo.
En total se realizaron cinco allanamientos en el Departamento de Itapúa en relación con este caso, tres residencias particulares y dos instituciones, y no se descarta más aprehensiones en las próximas horas.
Todo indica que la funcionaria del Registro Civil de las Personas se encargaba supuestamente de realizar los trámites o las documentaciones de los matrimonios.
Según las investigaciones, se falsificaban los certificados matrimoniales, donde figuran que estos extranjeros habrían contraído nupcias con paraguayas, y el ciudadano libanés investigado se encargaba de proveer estos documentos no auténticos a sus compatriotas, con lo cual facilitaba el ingreso de los mismos al Paraguay.
Según los investigadores, esta red logró concretar 12 matrimonios o nupcias entre libaneses y compatriotas itapuenses, mayormente, por lo cual cada una recibía un pago de G. 45 millones por aceptar firmar los papales matrimoniales.
“Estamos analizando todas las evidencias colectadas, acá lo que refiere la denuncia es la falsificación de documentos, iniciado por la adulteración de certificados de matrimonios y que eso habría posibilitado documentar a ciudadanos extranjeros que nunca ingresaron al país”, explicó la fiscala.
Dijo que eso era a los efectos de buscar esa finalidad, que esas personas extranjeras ingresen al país de esa manera, y que existiría la convivencia o el aporte de funcionarios publicados para realizar ese hecho.
Explicó que lo que refiere la denuncia es que compatriotas habrían contraídos nupcias con estos ciudadanos libaneses, y para realizar este tipo de acto necesariamente se debe documentar y que existen esas documentaciones.
Dijo que lo llamativo es que varias de esas personas nunca habían ingresado al territorio paraguayo.
Es por eso que decidieron realizar los allanamientos y colectar todas las evidencias. Comentó que hay varios actos investigativos que tienen que instrumentar por intermedio de informes.
“Decidimos primeramente venir acá, constatar y colectar todas las evidencias, porque muchas veces en un allanamiento uno encuentra elementos muy importantes. Existen muchas conjeturas, si bien hasta ahora no hay indicios, no se descarta vínculos con organizaciones terroristas”, señaló Piñanez.
Desconocen la finalidad del modus operandi
Por su parte, el comisario Luis Benítez, manifestó que el procedimiento es producto de un trabajo de inteligencia.
Dijo que sería una red vinculada a documentar personas que no están en Paraguay y a acceder a la cédula paraguaya.
Comentó que el fin de esto desconoce y que trabajan con varios departamentos de la Policía, la Dirección de Inteligencia, el Departamento Antiterrorismo y la Fiscalía.
“Esto es un trabajo conjunto y hemos procedido hoy al allanamiento de cinco lugares, donde justamente se procedió a la detención de estas dos personas y la incautación de varias evidencias”, indicó.
El ciudadano libanés, Hassan Zainedine, sería el contacto en Siria y en el Líbano, de donde traen ciudadanos que no saben si pertenecerían a organizaciones terroristas, ni cuál sería la finalidad de obtener la documentación paraguaya, que es el acta de matrimonios, que es la base para poder obtener la cedula de identidad paraguaya.
En uno de los allanamientos encontraron a una pareja y la que sería la cuidadora de la casa, estaban casados con un ciudadano árabe.
“Nosotros tenemos identificados a 12 matrimonios que se habría concretado dentro de este esquema, y tenemos informaciones de que cada persona (mujer) recibía G. 45 millones por aceptar firmar los documentos de supuesto matrimonio”, agregó.
El jefe policial dijo que tienen la presunción de que la funcionaria del Registro Civil también recibía pagos por hacer estos trámites, porque los ciudadanos extranjeros no están en nuestro país.
Tienen los registros de Migraciones y no cuentan con movimiento migratorio, y ni siquiera se conocen con las mujeres que supuestamente se casaron “o sea son sus respectivas esposas”, agregó Benítez.
