Son dos historias similares que parecen haber sido extraídas del Paraguay de medio siglo atrás. Entonces no causaban tanta indignación porque eran lo cotidiano de una salud pública pobrísima y devastada por la intolerancia política. Pero ocurren hoy y nos interpelan con un dolor furioso que nos escupe subdesarrollo en la cara y deja desnuda a nuestra fracasada democracia.
Una bebita de tres meses con una neumonía grave requería un traslado urgente a Asunción desde el Hospital Regional de Santa Rosa del Aguaray. Aquí aparece un primer dato revelador: pese a ser una institución sanitaria importante de la región, allí no había ambulancias disponibles. Se apeló entonces a la localidad de Yaguareté Forest, distante a 40 kilómetros, donde sí había una, aunque la comisión vecinal de salud local advirtió que el móvil no contaba con un chofer habilitado. Fue enviado entonces hasta allá un conductor del Hospital Regional, que se encontró con la negativa de la citada comisión a prestar la ambulancia. De nada sirvió argumentar que se trataba de una bebé que estaba al borde de la muerte.
La ambulancia estaba en el domicilio del dirigente colorado Rubén Marín, quien impidió que sea utilizada. Los padres de la niñita sostienen que el motivo real fue su pertenencia al Partido Liberal. Entre tantas idas y vueltas, pasaron muchas horas y la bebita murió. El Ministerio de Salud y la Fiscalía iniciaron las investigaciones para llegar a una imputación por delito penal.
El segundo caso ocurrió solo unos días antes en el Centro de Salud de Humaitá. Allí, una recién nacida de 18 días en estado grave y conectada a un tubo de oxígeno debía ser trasladada al Hospital de Pilar. Esta vez, había ambulancia, gracias a una donación de Itaipú. Solo que no estaba disponible, pues el intendente de Humaitá, Víctor Bordoli, ordenó que estuviera guardada en el corralón municipal, de donde solo podía salir con expresa autorización suya. En el caso de esta nenita al señor Bordoli no le pareció pertinente admitir el pedido. Desde el Centro de Salud clamaron, insistieron y explicaron la urgencia del caso. De nuevo pasaron muchas horas hasta que lograron convencer al intendente, pero ya sería tarde: la pacientita murió durante el viaje.
Víctor Bordoli soporta desde hace varios días manifestaciones de repudio frente a la intendencia. Está acusado de homicidio y omisión de auxilio. Estas denuncias se suman a las que ya tiene por estafa y lesión de confianza por parte de su Junta Municipal.
La falta de institucionalidad lleva a algunos bastardos a atribuirse el derecho de decidir quién puede usar y quién no un bien público como una ambulancia en circunstancias desesperadas. Esto es subdesarrollo en estado pleno. Pero también demuestra un sectarismo tan mezquino que incita a gritar la indignación y a exigir un castigo acorde a la infamia de estos crímenes.
