Otazú fue consultado luego de que la Contraloría General de la República (GGR) haya presentado una denuncia ante la Fiscalía, donde señala supuestas “incongruencias” en la declaración jurada de Abdo y las utilidades de las empresas donde él es el mayor accionista.
El informe de la Contraloría llama la atención sobre el movimiento económico de las empresas Aldia SA y Createc SA, dedicadas a la importación y distribución de asfalto.
“Si nosotros recibimos algún tipo de denuncia o algún tipo de comunicación, con base en esa comunicación y conforme a los análisis que se hacen, podemos determinar si existe algún tipo de contingencia tributaria”, expresó a la 1080 AM.
Sin embargo, Otazú señaló que el envío de las utilidades a un fondo de inversión es una herramienta contable que no se encuentra al margen de la ley.
“Es muy normal, es muy común... La ley no obliga a la empresa a distribuir necesariamente su utilidad, es decir, la empresa puede capitalizar o puede mantener reservas, capitalizar una parte y mandar a reservas otra o distribuir una parte, capitalizar otra parte y mandar a reservas otra”, detalló el gerente de la DNIT.
Explicó que, en términos tributarios, el efecto de esta acción podría derivar en la falta de pago del IDU, impuesto a la distribución de los dividendos, utilidades o los rendimientos cuando estos sean puestos a disposición o pagados al dueño, al consorciado, al socio o al accionista.
Comunicado. Por otro lado, las empresas involucradas en la denuncia de la CGR emitieron un comunicado donde expresan su total apertura y absoluta predisposición para todos los controles legales que correspondan.
Dan una explicación de los pasos que realizaron durante 25 años de trabajo, detallando los aspectos legales que aplicaron en sus decisiones, aclarando que la decisión de qué hacer con las utilidades es potestad de la asamblea ordinaria, y que fue esta la que decidió llevarlas a reservas operativas.
“Exhortamos a los organismos de control a ejercer sus competencias de manera objetiva e independiente. La imparcialidad de las instituciones es indispensable para una relación justa e igualitaria entre la administración pública y los ciudadanos”, señalaron sobre el caso.
