La Cámara de Diputados llevará adelante hoy una sesión ordinaria con una agenda de 13 puntos que contempla proyectos de ley y resoluciones de relevancia social, laboral, jurídica y cultural.
Entre los temas destacados figuran la modificación de la ley que establece pensiones para niños, adolescentes y personas con discapacidad que quedaron como víctimas colaterales de feminicidio u homicidio de sus progenitores en contextos de violencia familiar; la regulación de la carga horaria de bioquímicos y farmacéuticos del Instituto de Previsión Social (IPS), y cambios en la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial.
Uno de los primeros puntos del orden del día será el estudio del proyecto que modifica el artículo 1 de la Ley Nº 7349/2024, relativa a las pensiones para niñas, niños, adolescentes y personas con discapacidad víctimas colaterales de feminicidio u homicidio de su progenitor en un contexto de violencia familiar. La iniciativa fue presentada por la diputada Dalia Estigarribia y cuenta con dictámenes favorables de varias comisiones asesoras, entre ellas las de Legislación y Codificación, Justicia, Trabajo y Previsión Social, Derechos Humanos, Familia y Niñez y Adolescencia.
Otro de los puntos a tratar será el proyecto de ley que establece la carga horaria laboral para los profesionales bioquímicos y farmacéuticos del Instituto de Previsión Social. La propuesta, presentada por varios diputados, cuenta con dictámenes que recomiendan su aprobación y su aprobación con modificaciones, según las comisiones intervinientes.
La agenda también contempla el estudio de modificaciones a los artículos 22 y 27 de la Ley Nº 5016/2014, Nacional de Tránsito y Seguridad Vial. El proyecto ya fue aprobado con modificaciones por la Cámara de Senadores. Las comisiones de Educación, Cultura y Culto, y de Asuntos Migratorios y Desarrollo recomiendan aceptar los cambios introducidos por la Cámara Alta. Asimismo, los legisladores estudiarán un proyecto que establece un régimen especial para regularizar la tenencia y ocupación de inmuebles que forman parte de fincas expropiadas mediante la Ley Nº 517/95. La iniciativa cuenta con dictámenes de rechazo.
