23 abr. 2024

Diputados sancionan norma para financiar ollas populares

Los diputados sancionaron ayer el proyecto de ley de financiamiento de insumos alimenticios para el apoyo y asistencia de ollas populares en todo el país, en la que se incluye a familias indígenas y a cuyos integrantes dieron positivo al coronavirus que se encuentran en aislamiento y que servirá como una medida de auxilio para las personas más vulnerables.

El documento prevé fondear por G. 15.000 millones a la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), por G. 10.000 millones al Ministerio de Desarrollo Social (MDS) y, G. 10.000 millones al Instituto Paraguayo del Indígena (Indi), según sea el caso, para la compra de los insumos alimenticios a ser distribuidos a las diferentes comunidades.

Para el efecto, se faculta al Poder Ejecutivo la utilización del saldo no ejecutado de la línea de crédito autorizada en el Artículo 33 de la Ley 6524/20 “que declara estado de emergencia en todo el territorio de la República del Paraguay ante la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud a causa del Covid-19 o coronavirus y se establecen medidas administrativas, fiscales y financieras”.

Se estima que la ayuda llegará a unos 1.700.000 paraguayos que no tienen acceso a la canasta familiar, según comentó el diputado Derlis Maidana. La diputada liberal Celeste Amarilla criticó el proyecto de ley y disparó contra la clase política, a la que llamó hipócritas.

“El Gobierno es incapaz de mantener a su pueblo con comida. Estamos reconociendo el fracaso del Gobierno. Hay sectores que creen que sancionando ollas populares calma su conciencia. Porque en su casa hay 2 o 3 heladeras llenas, donde la pandemia no afectó su bolsillo”, sostuvo, criticando a sus colegas.

Dijo que hay sectores más perversos que por un plato de comida pedirán votos. “Con esto lo que decimos es que los pobres son un plato de guiso, guiso que nunca se come en la casa de un diputado”, alegó.


La Cifra
1.700.000
paraguayos sin acceso a la canasta básica familiar serían beneficiados con este proyecto. El Ejecutivo tiene la última palabra

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