La legislación establece un subsidio por un plazo máximo de 90 días, alcanzando al gasoil común y a la nafta de 93 octanos. La subvención puede ser de hasta el 30% sobre el precio de compra en los mercados internacionales. En la última semana, la petrolera estatal ya bajó en G. 1.000 el diésel común y en G. 800 la nafta 93.
Las bancadas oficialista y cartista, principalmente, dieron los votos para la sanción de la ley, en una sesión que contó nuevamente con la presencia en sala de las autoridades del Ministerio de Hacienda y Petropar.
Si bien hubo un consenso en que este régimen temporal de subvención no es la solución definitiva a la crisis del combustible, los legisladores dijeron que es al menos una salida momentánea, lo que permitiría desactivar los cierres de rutas que realizan camioneros desde hace semanas.
Los diputados opositores cuestionaron duramente la improvisación del Gobierno, pero no consiguieron los votos para su rechazo o modificación. Legisladores que conforman la multibancada criticaron que Petropar llegará a menos del 15% del mercado y que el Gobierno nuevamente se dejó presionar por camioneros, ya que la propuesta que vino del Senado se hizo en consenso con Hacienda y Petropar.
ALCANCE. El subsidio estatal alcanzará al gasoil común y a la nafta de 93 octanos solamente de Petropar, no así los comercializados por los emblemas privados, lo que motivó a estos últimos a disminuir los horarios de atención en sus estaciones desde ayer.
La propuesta establece que la financiación se hará con ajustes al impuesto selectivo a los propios combustibles, cuya base imponible fue reducida a inicios de febrero para contener los aumentos. La ley también habla de eliminar todos los cupos de combustible que tienen las autoridades públicas, con lo que esos recursos serán redireccionados al subsidio. Anteriormente, Hacienda y Petropar ya acordaron eliminar las transferencias intergubernamentales, lo que representa aproximadamente USD 2 millones por mes.
Finalmente, la normativa sancionada permite a Petropar empezar a comprar carburantes directamente de países productores, exceptuando a los gobiernos extranjeros de presentar declaraciones juradas de bienes y rentas. Con esto, se busca abaratar los costos de importación, a fin de que el precio de venta sea menor.
Con la sanción de la ley que establece medidas transitorias de contingencia, se descartó la creación del fondo de estabilización del precio de los combustibles (Fondecpy), de carácter permanente. Por ende, quedó sin efecto la utilización de un préstamo de USD 100 millones para la capitalización inicial. Esta era la propuesta original del Gobierno, pero se ganó el rechazo parlamentario por la toma de nueva deuda.
También se desechó el ajuste del impuesto al tabaco, propuesto por el Fisco como otra opción de financiamiento.
Critican politización y populismo
Las diputadas opositoras Kattya González (PEN) y Celeste Amarilla (PLRA) cuestionaron duramente la propuesta sancionada, durante la sesión extraordinaria realizada ayer.
Para González, en el articulado se abre la posibilidad de que el Ministerio de Hacienda administre el subsidio a Petropar con discrecionalidad, ya que se le permite ampliar el Presupuesto Público para este fin, pero no se habla de redireccionamiento o reordenamiento de los gastos.
También cuestionó que se permita seguir pagando premios a las compañías intermediarias, lo que se presta a una politización en las importaciones.
Celeste Amarilla, por su parte, centró su crítica en la intervención que hará el Estado mediante este subsidio, lo que terminará por distorsionar el mercado, a su criterio.
“Las reglas del mercado se tienen que regir por oferta y demanda, no tiene que intervenir el Estado, porque eso genera adicción. Después van a intervenir en los precios de la leche, en los zapatos. Vamos a terminar como Venezuela o Argentina, porque esto es una medida zurda”, expresó.