La falta de acción oportuna con relación a informes de la Seprelad, considerando que el ex ministro del Interior Arnaldo Giuzzio había dicho que informes remitidos sobre operaciones sospechosas vinculados al ex presidente Horacio Cartes no tuvieron retorno, es el punto 10 del libelo.
Como punto 11, se estableció una supuesta inacción deliberada del Ministerio Público para la recuperación de activos en el caso del empresario brasileño Darío Messer.
El documento busca justificar el eventual enjuiciamiento de la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, quien es señalada, principalmente, por su presunta parcialidad manifiesta en las causas investigadas.
Este martes se inicia el periodo legislativo tras el receso parlamentario y los próximos días serán claves para que la oposición y el oficialismo consigan los votos necesarios para el juicio político. Hasta el momento, no existen votos y la decisión está en manos del bloque del PLRA llanista.
Lea más: Juicio político a Quiñónez se define a la vuelta del receso parlamentario
Por su parte, los diputados de la oposición y los colorados oficialistas firmaron el pasado lunes el libelo acusatorio para el juicio político a Quiñónez.
Los otros puntos
El texto del libelo acusatorio contra Sandra Quiñónez gira en torno a nueve puntos. La primera de las acusaciones es por la fallida obra del Metrobús, donde se argumenta la inacción del Ministerio Público en la investigación y sanción a los autores y cómplices.
En la segunda acusación se habla de una deliberada inacción de la Fiscalía en el caso del “amigo del alma” del ex presidente Horacio Cartes, Darío Messer, quien se encuentra con condena en Brasil por lavado de activos, en el marco del caso Lava Jato.
Pese al extenso informe presentado por la Comisión Bicameral de Investigación del Congreso, donde se pedía la investigación a 17 personas, entre ellas Horacio Cartes, el Ministerio Público no abrió tal investigación.
La tercera acusación guarda relación con Roque Fabiano Silveira, alias Zero Um, señalado por medios brasileños como socio de Horacio Cartes en el esquema de inundar el mercado del vecino país con cigarrillos fabricados en Paraguay. La cuarta acusación es sobre la denuncia hecha por el ministro del Interior, Arnaldo Giuzzio. La quinta acusación se sustenta en una supuesta parcialidad, arbitrariedad y selectividad de la Fiscalía en procesos similares.
La sexta acusación trae a colación el asesinato del joven liberal Rodrigo Quintana, registrado en la madrugada del 1 de abril de 2017, en el interior de la sede del PLRA. El Ministerio Público solo resolvió acusar al suboficial Gustavo Florentín por el homicidio del joven y obvió todas las demás irregularidades y responsables.
La séptima acusación se basa en una supuesta ineficiencia y negligencia en la gestión administrativa y presupuestaria del Ministerio Público. La octava acusación es por una supuesta impunidad de la corrupción en las intendencias y gobernaciones.
Por último, se señala inacción o negligencia en varios casos de políticos cartistas.
