Señaló que es necesario volver a impulsar un proyecto que proteja estos recursos de Itaipú y Yacyretá en este 2022, que es un año electoral, en el que se realizan las internas con miras a las elecciones del 2023, teniendo en cuenta que históricamente estos fondos se utilizaron como botín político, sobre todo por la Asociación Nacional Republicana (ANR).
“Pero para eso necesitamos el acompañamiento ciudadano, solos no lo vamos a lograr porque la ANR es muy fuerte, tiene aliados estratégicos en todos los partidos, lastimosamente”, resaltó.
En 2021 se logró la sanción de la ley que destina íntegramente los gastos socioambientales a la salud pública, pero solo en lo que dure la pandemia, es decir, no es una norma permanente.
Acosta manifestó que es detestable que en un país con tantas necesidades los gastos sociales sean direccionados a fines eleccionarios.
“Los gastos sociales siempre deben estar destinados al interés general, a salud o educación o algo que alcance a toda la población, sin tener en cuenta afiliación política, o el pedido de un político en particular y debería ser permanente, es decir, tendríamos que hacerlo por ley, porque si vamos a depender de la voluntad política de los que manejan las binacionales, van a direccionar de acuerdo con el interés partidario y eso es detestable en nuestro país, donde hay tantas necesidades”, reclamó.
El legislador subrayó que esos fondos siempre se utilizaron a pedido del político con más fuerza o para el que necesite más votos. “Porque la ANR siempre se ha manejado así, eso de destinar fondos sociales de binacionales o de ministerios para satisfacer apetencias eleccionarias deberíamos ir desterrando”, apuntó.
Según la normativa actual, los gastos sociales deben ser destinados a través de Hacienda a Salud y se debe rendir cuentas a la Contraloría sobre su uso.
El pasado año, también fue aprobada la ley N° 6763 que dispone el procedimiento de control, vigilancia y fiscalización de las cuentas nacionales, los bienes y el patrimonio de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 281, 282 y 283 numerales 1) y 4) de la Constitución Nacional.
Con esta normativa, la Contraloría puede auditar las binacionales, lo que significó un hecho histórico debido al blindaje que siempre se mantuvo en estas entidades.
Necesitamos el acompañamiento ciudadano, solos no lo vamos a lograr porque la ANR es muy fuerte.
Édgar Acosta,
diputado.
