Política

Dilatan sanción más dura por robo al Estado y dan respiro a corruptos

 

Pese a la urgencia de sancionar la corrupción ante las escandalosas irregularidades en las compras públicas por la crisis sanitaria, colorados y gran parte de liberales de la Cámara de Diputados, decidieron enviar a la Comisión de Reforma Penal el proyecto de ley que modifica los artículos 187 -Estafa y 192- Lesión de Confianza, del Código Penal, y aumenta hasta 15 años la pena para estos hechos punibles de perjuicio al Estado, que actualmente llegan hasta 10, con facilidad de prescripción de la causa.

Con 18 ausentes, 36 votaron por hacer más largo su estudio y 26 por su aprobación.

La diputada del Partido Patria Querida (PPQ), Rocío Vallejo, quien presentó la propuesta, fue vehemente al argumentar que era prioridad aprobar el proyecto ante el alevoso permeo de la corrupción en las instituciones. Indicó que la pandemia reveló las grandes deficiencias del Estado que permite, con complicidad de autoridades, la creación de empresas de maletín para aprovecharse de la crisis y cometer malversaciones como el caso de las mascarillas en Dinac. De hecho, la modificación establece las penas altas para los hechos graves, definidos como los cometidos por funcionarios y los que causan daño público.

Recordó que con celeridad se subieron a cinco años las penas para el contrabando, pero hechos más graves como los daños al patrimonio son postergados. Pidió no dar más tiempo a los corruptos. “El que roba un celular tiene de uno a 16 años, ¿y qué diferencia hay con un ladrón del patrimonio público? Roban con guantes blancos”, comparó.

“El zorro cuidando el gallinero”, expresó por su parte el diputado Jorge Brítez aludiendo a que la colorado Rocío Abed, imputada por corrupción, preside la comisión de Asuntos Constitucionales que dictaminó el proyecto.

La diputada del PEN, Kattya González, también opinó que no es necesario tanto estudio para una decisión de política criminal.

Pero el más reticente a la aprobación inmediata del proyecto fue el colorado Ramón Romero Roa, quien fundamentó que la propuesta no evitará la corrupción, porque el problema es la impunidad, y lo que debe cambiar es el sistema penal.

En respuesta, el diputado del PPQ, Sebastián García, resaltó que cuando se aumentó la pena al contrabando, ese no era el discurso, por lo que indicó que se busca favorecer al corrupto. Sebastián Villarejo agregó que con ese criterio deben bajar todas las penas de hechos menores.

La liberal Celeste Amarilla remarcó que no se trata de un cambio de la estructura de Estado, sino un simple aumento de pena, necesario para castigar el perjuicio al Estado.

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