Detalló que los funcionarios dejaron de contar con seguro médico, durante dos meses, y hasta se quedaron sin los insumos básicos.
Se trata del Congreso de la Federación Iberoamericana del Ombudsperson (FIO), que tuvo lugar en el hotel Sheraton, el 29 al 31 de octubre pasado, del que participaron defensores de varios países.
La diputada señaló que el debate se centró en los derechos humanos y que “en teoría suena bien”, aunque el gasto fue muy elevado.
Especificó que la Defensoría gastó en obsequios muy costosos para las autoridades que acudieron al evento, citando hamacas de G. 1.250.000; artesanías de plata, G. 950.000; camisas de ao po’i, G. 1.021.000, cada una.
Asimismo, se adquirieron bolígrafos a G. 32.250 cada uno; cintas para credenciales, G. 32.250; G. 32 millones en decoración; G. 21 millones en un jardín vertical, y G. 11 millones en letras corpóreas, entre otros gastos más.
“A mí me parece un despilfarro realmente”, manifestó la opositora, quien realizó un pedido de informe, que fue aprobado por el pleno.
Entre otras cosas, solicita el detalle de los gastos que fueron realizados con presupuesto propio de la Defensoría del Pueblo; la fuente de financiamiento, el objeto de gasto, y línea presupuestaria, con sus respectivos montos.
Además, pide que se informe acerca de los pagos que dejaron de hacerse para destinar recursos a la organización del congreso, y cuáles son los pendientes en cuanto a pago de proveedores, y los correspondientes a pagos por derechos laborales.
Acotó que la Defensoría hizo una reprogramación presupuestaria, afectando el seguro médico de funcionarios.
“Mientras que el defensor del Pueblo gastaba G. 1.900 millones en organizar este congreso, sus funcionarios están sin seguro médico. Algunos con tratamientos oncológicos que no pueden ser interrumpidos”, reclamó.
Ortega remarcó que la institución no cuenta con insumos básicos como papel y tampoco fondos para viáticos para los trabajos que deben realizar los funcionarios.
Afirmó que no hay plata para el rubro destinado a los objetores de conciencia que realizan el servicio sustitutivo, entre otras cosas, ya que la Defensoría no puede pagar, porque “ya gastó G. 1.900 millones en un congreso”.
