Al cierre de 2025, la deuda pública del Paraguay se ubicó en el 41,2% del PIB, levemente por encima del 40,7% registrado en diciembre de 2024. Según el informe oficial del MEF, el saldo total de la deuda pasó de USD 18.083,2 millones en 2024 a USD 20.408,6 millones en 2025. El aumento estuvo asociado principalmente a emisiones de bonos soberanos, financiamiento para proyectos de inversión y operaciones de manejo de pasivos.
Pese al aumento nominal de más de USD 2.300 millones en el saldo total, el crecimiento económico contribuyó a mantener relativamente estable el nivel de endeudamiento en términos relativos, dentro de parámetros considerados manejables para las finanzas públicas, de acuerdo con el documento.
La mayor parte del endeudamiento continúa concentrada en la Administración Central, aunque su participación disminuyó levemente, pasando de representar el 89,7% del total en 2024 al 87,9% en 2025. En contrapartida, la deuda con garantía soberana aumentó su peso relativo, alcanzando el 12,1% del total.
En cuanto a la fuente de financiamiento, la deuda externa sigue predominando, aunque registró una leve reducción en su participación, pasando de 86,9% a 85,0% del total. Por su parte, la deuda interna ganó espacio y aumentó de 13,1% a 15,0%, en línea con la estrategia de fortalecimiento del mercado doméstico y las emisiones en moneda local.
Durante 2025, el Gobierno continuó utilizando los mercados internacionales y locales para financiar sus necesidades fiscales y proyectos de inversión. Los bonos soberanos mantuvieron un rol central dentro de la estructura de financiamiento, mientras que se avanzó en emisiones en guaraníes para reducir gradualmente la exposición cambiaria y profundizar el mercado de capitales local.
Asimismo, las operaciones de administración de pasivos permitieron extender la vida promedio de la deuda y suavizar el perfil de vencimientos, reduciendo riesgos de refinanciamiento en el corto plazo.
Los recursos provenientes de préstamos y emisiones continuaron orientándose principalmente a proyectos de infraestructura, energía y obras públicas, con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones como principal ejecutor. No obstante, los datos muestran que el nivel de desembolsos aún se mantiene por debajo del total aprobado, lo que evidencia una menor velocidad de ejecución de los programas financiados.