“El presidente sostiene que Paraguay no se baja de su postura en defensa de los derechos humanos. Pidió al canciller que tenga una postura firme. El presiente me dijo que ni 20 demandas nos van a hacer recular en la postura en defensa de los derechos humanos. De no existir una quita de intereses el tratado nos da un plazo”, manifestó Leite.
En otro momento el ministro señaló que le llama poderosamente la atención que unos meses antes de que Nicanor deje el Gobierno se comprara combustible por valor de USD 82 millones y en pocos meses, cuando asumió Lugo, se comprara por 181 millones más, en un lapso que va del 8 de agosto del 2008 a enero del 2009. “Alguien debe explicar por qué se compró esta cantidad de combustible contaminante y dónde está el dinero”, subrayó en conferencia de prensa.
El ministro leyó el comunicado oficial tras la exigencia de Venezuela del pago inmediato de la deuda de Petropar con Pdvsa.
El documento reza lo siguiente:
1“Con respecto a la exigencia de pago por parte de PDVSA, aclaramos que desde que asumió este Gobierno se estuvo negociando con Venezuela en buenos términos el pago de la deuda con quita. En siete oportunidades autoridades nacionales y de Petropar se trasladaron hasta Venezuela para avanzar en la solución de temas pendientes relacionados al acuerdo de Caracas.
“Recordemos que toda la relación se rige excluyentement por el Acuerdo de Cooperación Energética de Caracas; el cual establece, entre otras cosas, como una obligación asumida por el gobierno de Venezuela una forma de financiamiento a 15 años, con 2 años de gracia y un interés del 2 % anual.
“Se debe tener en cuenta que los montos reclamados guardan relación con 13 facturas todas nominadas y emitidas durante la época de los gobiernos de Nicanor Duarte Frutos y Fernando Lugo, la primera de ellas de fecha 8 de agosto de 2008, que nunca fueron honradas por dichos gobiernos.
“Es importante mencionar que el convenio es un tratado internacional y como tal, según el art. 137 de la Constitución Nacional, tiene una prevalencia sobre cualquier otro instrumento normativo, excepción hecha de la Constitución misma, establece que ante cualquier discrepancia o controversia las mismas solo tienen una vía de solución: de manera amistosa por las partes, a través de negociaciones directas y de común acuerdo. Por lo cual, cualquier mención a una posible demanda en el ámbito judicial resulta improponible, no es válida y va en contra del texto de un tratado internacional.
“Petropar ha comunicado oficialmente a PDVSA, que se acoge al financiamiento a largo plazo, establecido en el Acuerdo de Caracas. La posición de Paraguay es y será el cumplimiento de los compromisos asumidos en dicho acuerdo”.
