El Ministerio Público presentó una extensa lista de pruebas para sostener la acusación contra Óscar Nenecho Rodríguez y otros 15 procesados, por los hechos punibles de lesión de confianza y asociación criminal, en el caso denominado “detergentes de oro”.
La acusación específica contra el ex intendente se centra en dos contratos por más de G. 1.600 millones, destinados a la compra de detergentes a través de la Dirección General de Gestión y Reducción de Riesgos de Desastres (DGGRRD), dependencia que utilizó fondos del objeto de gasto 831, habilitado para emergencias, pero sin regulación.
El cúmulo de evidencias se divide en testimoniales, documentales e instrumentales. Entre los testigos convocados figuran auditores de la Contraloría General de la República (CGR) y analistas financieros del Ministerio Público.
Denunciantes
También fueron ofrecidos como testigos legisladores y ex legisladores: Kattya González, Celeste Amarilla y Sebastián García, junto con los concejales asuncenos Sandra Benítez, Elvio Segovia, Álvaro Grau y Rodrigo Buongermini, además de los abogados Rosa María Martínez de Vacchetta y Eduardo Nakayama, denunciantes del caso.
Extensa lista
La lista continúa con funcionarios municipales y ex funcionarios que participaron en las contrataciones, además de representantes de empresas y bancos vinculados a las operaciones y el despachante de aduanas.
En cuanto a las pruebas documentales, la Fiscalía presentó 44 tomos que incluyen resoluciones fiscales y municipales, ordenanzas, pliegos de licitaciones, informes de evaluación, contratos de adquisición, facturas, notas de remisión, comprobantes de ejecución presupuestaria y memorandos internos de transferencias y rendiciones de cuentas.
Trazabilidad
También se agregan informes de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) sobre trazabilidad de facturas y antecedentes aduaneros de las empresas involucradas, certificados de cumplimiento tributario, planillas de ventas de Genemed, firma que tiene la representación de los detergentes y documentos de despachos aduaneros.
En este sentido, la firma habría asegurado que no vendió los productos a las proveedoras contratadas por Nenecho, hecho que sustenta la teoría de la compra y recepción simulada.
Se incorporan, además, legajos completos de Rodríguez y de otros funcionarios municipales como César Ojeda, Enrique Chávez, Víctor Frágueda, Elisa Brítez, Ernesto Armoa, Nidia López, Edwin López, Wilfrido Cáceres y Édgar Estigarribia, junto con organigramas funcionales, manuales de organización y antecedentes judiciales y policiales.
Seguimiento
Finalmente, dentro de las evidencias adicionales se incluyen un CD-R remitido por un banco de plaza, con registros de cheques librados y cobrados por proveedores, además de grabaciones de declaraciones realizadas en conferencia de prensa por Wilfrido Cáceres.
La magnitud de las pruebas busca demostrar que la utilización del objeto de gasto 831 de emergencia se desvió hacia contrataciones directas sin reglamentación previa ni controles adecuados, lo que habría permitido un esquema de compras sobrefacturadas, y la complicidad de autoridades de la Municipalidad bajo la gestión de Óscar Nenecho Rodríguez, incluso en la simulación de la entrega de los productos a la Comuna.
De esta forma, el Ministerio Público apunta a probar tanto el perjuicio patrimonial a la Municipalidad de Asunción, como la existencia de una asociación criminal para sostener el mecanismo.
La Fiscalía solicitó que el caso se eleve a juicio oral y público.
