Una comitiva encabezada por senadores de la Comisión de Derechos Humanos, el Mecanismo Nacional de Prevención y Tortura y Codehupy fueron hasta la Agrupación Especializada de la Policía Nacional para interiorizarse de los casos.
El titular de la Comisión de DDHH del Senado, el liberal Blas Lanzoni, refirió que visitaron el Departamento de Investigaciones de la Policía Nacional, en donde se encuentran detenidas alrededor de 50 personas.
“Hemos verificado personas que están golpeadas, que tienen costillas rotas, en algunos casos sin medicamentos; sobre todo también una queja generalizada por falta de alimento”, comentó.
“Fueron enviados por 10 días, por orden de un juez. No se tuvo en cuenta de dar acompañamiento. No tienen alimento para todos los días”, remarcó a la prensa.
Mencionó que elevarían el caso a la Defensoría Pública, alegando que las personas que tuvieron la posibilidad de tener un abogado privado ya recuperaron su libertad.
“La persona que está denunciando que tiene tres costillas rotas, dice que fue víctima de tortura aquí, y que está en condiciones de señalar al policía responsable de este hecho”, manifestó.
“Según versiones de personas detenidas, muchas de ellas venían de su trabajo y viven cerca de la Justicia Electoral, y al salir a ver lo que estaba pasando, en las redadas fueron apresadas”, dijo.
comandante, preocupado. La comitiva también se reunió con el comandante de la Policía Nacional, Gilberto Fleitas, quien manifestó su preocupación sobre todo por el caso de Payo Cubas.
“El caso del ciudadano Paraguayo Cubas nos preocupa. Tiene su presión elevada y una cantidad de medicamentos que consume”, indicó.
“El Departamento Judicial no es un lugar para que estén los detenidos, pero no podemos desconocer la orden de un juez”, refirió Fleitas.
“Es probable que no tengan el mismo desayuno que en su casa, pero tienen las tres comidas”, manifestó, en relación a la alimentación de los detenidos.
“Estamos pidiendo que vayan a un lugar, a una penitenciaría o si amerita a su casa con una prisión domiciliaria. Es un pedido a la Corte, la Fiscalía (...). Corrompe a la institución la presencia de criminales en un cuartel policial”, acotó.