Señalaron que sus demandas son un derecho establecido por ley, negando cualquier privilegio. Criticaron el argumento de falta de presupuesto, ya que su propuesta no requiere costos adicionales ni nuevos contratos, y mencionan que el IPS intentó tercerizar servicios a un costo muy superior de 700%.
Además, acusaron a la institución de violar derechos laborales y humanos, al imponer jornadas excesivas que afectan tanto la salud del médico como la seguridad del paciente con las medidas judiciales.
Sobre la acusación de coacción, los cirujanos pediátricos señalaron que el IPS debería sentir vergüenza por haber declarado desierto su concurso de méritos para la contratación de otros profesionales de la salud, lo cual evidencia, según ellos, la falta de interés o capacidad del IPS para solucionar el problema adecuadamente.
También denunciaron que el IPS no cumple con la Ley 7137 y es el que menos paga en el mercado laboral.
Finalmente, hicieron un llamado al presidente del IPS, Dr. Jorge Brítez, para reunirse públicamente, exigiendo que se resuelva el conflicto y que se destituya a las actuales autoridades del IPS por su incapacidad de gestión ante la crisis que se presenta.
