Ocurrido el trágico hecho, que jamás debió haberse producido si las instituciones públicas implicadas en llevar adelante la fiscalización de esta obra, hecha con participación de empresas constructoras privadas, hubieran cumplido con rigor esa tarea, además del control de mantenimiento continuo que un espacio público de esta envergadura requiere.
Pero no. La reacción inicial, que ya es deporte nacional, fue esta: La Municipalidad de Asunción, en cuya jurisdicción se halla la Costanera, le responsabilizó al Ministerio de Obras Públicas (MOPC), y este, a la Municipalidad. Ninguno quiso hacerse cargo de la mortal desidia y negligencia. Mientras ayer nos enteramos que un informe de evaluación técnica de la Comuna capitalina halló otros 10 postes en la misma situación. Es decir, que el peligro de morir electrocutado está latente en el lugar y obedece a una “deficiencia de origen”, al no tener el sistema a tierra (cable a tierra), que evita la descarga eléctrica.
¡10 años después! se percataron de esta “deficiencia” y para que hicieran lo que tenían que hacer, que es revisar con cierta frecuencia la instalación eléctrica y particularmente las columnas, debió perderse una vida humana y exponer al peligro a cientos de personas que a diario utilizan este espacio para las actividades al aire libre.
Ni siquiera respondieron con sensibilidad ni afrontaron la situación anunciando que trabajarán juntas ambas instituciones estableciendo un protocolo de actuación en el que quedarán claramente estipuladas las competencias de cada una con relación al mantenimiento y funcionamiento de la Costanera, así como el grado de responsabilidad en caso de producirse algún accidente dentro del perímetro de este sector de la capital, rostro renovado del Casco Histórico de la ciudad.
No transmitieron tranquilidad, menos aún seguridad, ni garantizaron que harán todo lo que a cada uno corresponde hacer para evitar que se repita el hecho o al menos, para reducir las posibilidades de que pueda volver a suceder.
Reaccionar solo tras una desgracia evitable, para realizar lo que a una institución le corresponde hacer, es una conducta deficiente, cómoda, irresponsable y hasta criminal cuando la obligación es tomar con seriedad todos los recaudos para evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad física de las personas.
La Municipalidad es muy propensa a escudarse tras cientos de excusas para no asumir lo que es de su competencia o para justificar lo que simplemente deja pasar por omisión, indiferencia, desidia, mediocridad, desinterés o falta de liderazgo. Lo hemos visto con casos profundamente dolorosos, como el incendio del supermercado Ycuá Bolaños (2004) y el reconocimiento posterior de que en realidad la Comuna capitalina no tenía la suficiente capacidad para verificar si los edificios cuentan con salidas de emergencia y dispositivos de prevención de incendios.
El reciente incendio en el Mercado 4 (noviembre 2021), administrado por la Municipalidad, desnudó una vez más todas las negligencias, inoperancias y falta de gestión de esta al quedar demostrado el peligro mayúsculo que sigue siendo esta zona comercial con instalaciones eléctricas precarias, hacinamiento de los puestos de venta, y cero tareas de concienciación por parte de la institución con los comerciantes instalados allí.
El MOPC tampoco escapa a los vicios que reproduce la Municipalidad, solo que las obras a su cargo abarcan todo el país y, por tanto, su negligencia puede costar más vidas. Servir con eficacia y eficiencia sigue siendo un gran déficit.
