12 sept. 2025

Desestiman denuncia de juez contra ministro César Garay

El juez Amado Yuruhan denunció al ministro y a varias autoridades por supuestamente perseguirle penalmente. Al final, los hechos no se probaron, explicó el Ministerio Público y será investigado por denuncia falsa.

César Garay Zuccolillo, electo titular del JEM.jpeg

César Garay Zuccolillo fue denunciado como supuesto instigador.

GENTILEZA/Publicada por @Jem_py

La jueza de Boquerón, Fany Cáceres, desestimó la denuncia del suspendido juez Amado Yuruhan en contra del ministro de la Corte, César Garay, fiscales y jueces, por supuesta persecución de inocentes y otros cinco hechos. Además, remitió sus antecedentes para que el magistrado sea investigado por denuncia falsa.

Yuruhan enfrenta un proceso penal por un supuesto acoso sexual contra una funcionaria, quien denunció al citado ministro (actual presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados), a los fiscales Claudia Aguilera y Andrés Arriola, así también a los jueces Elbis Bernal, Rosanna Ortiz, Ricardo Gosling y Denis Macoritto.

Alegó que estos últimos fueron “instigados” por Garay para que avancen las investigaciones penales y en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) en su contra.

Ver más: Juez Yuruhan denuncia ante la Fiscalía al ministro César Garay

La denuncia también alcanzó a otros dos funcionarios del Juzgado, quienes –según él– “se prestaron” para redactar el escrito en el que le comunicaron sobre el hecho de acoso a Garay, quien es el superintendente de la circunscripción de Boquerón, “a efectos de tener la inventiva y darle la vida procesal defectuosa en mi perjuicio”, dijo el juez.

También Yuruhan mencionó la investigación en el Jurado, donde el ministro ahora es presidente y pidió su remoción del cargo.

No se comprobaron los hechos

Sin embargo, luego de la investigación, la fiscala Sonia Sanguinés concluyó que no hay elementos que indiquen que esto sucedió. Se hicieron pedidos de informes, denuncias y hasta declaraciones.

Se analizó la imputación de la fiscala Claudia Aguilera por el acoso sexual, la acusación del fiscal Andrés Arriola, así como la declaración de la supuesta víctima y la indagatoria al juez Yuruhan y se concluyó que “todas estas actuaciones se han realizado bajo el control jurisdiccional”.

Ver más: Fiscalía pide juicio para juez por acoso

La jueza sostuvo que para decir que un funcionario cometió persecución de inocentes, “se tiene que tratar de un abuso cometido por los mismos que, prevalecen de sus cargos, atosigan a un inocente con una acción que no corresponde, que supongan una conducta penalmente relevante”, y que esto no sucedió.

Para la Fiscalía, tampoco ocurrió la denuncia falsa, tortura, coacción grave, simulación de un hecho punible ni la asociación criminal.

“Las afirmaciones realizadas por el señor Amado Arsenio Yuruhan Díaz son meras suposiciones personales y no se basan en circunstancias que puedan ser probadas”, explicó la fiscala en su escrito.

Envían sus antecedentes al Ministerio Público por “denuncia temeraria”

La jueza Fany Cáceres, finalmente, determinó, luego de hacer lugar al pedido de desestimación, que la denuncia de Yuruhan era “temeraria”.

“La denuncia penal se realizó con una notable imprudencia, dada la evidente orfandad probatoria y fáctica. Aún más, considerando que el denunciante es un profesional de derecho y magistrado en suspensión del ejercicio de sus funciones”, sostuvo la magistrada.

Citó el artículo 255 de la Constitución Nacional, “De las Inmunidades”, en el que se cita que ningún magistrado judicial podrá ser acusado o interrogado judicialmente por las opiniones emitidas en el ejercicio de sus funciones.

Definió la palabra “temeraria” como algo “excesivamente imprudente, arrostrando peligros. Dícese de las acciones del que obra de este modo. Que se dice, hace o piensa sin fundamento, razón o motivo…”.

Finalmente, la jueza le impuso a Yuruhan el pago de las costas y remitió sus antecedentes al Ministerio Público, aparentemente para ser investigado por denuncia falsa.

Más contenido de esta sección
Se probó en juicio que tres hombres, entre ellos, los hermanos Mariz Domínguez fueron claves en dar apoyo logístico al grupo ACA-EP, custodiando armas, financiando provisiones y demás recursos materiales.
La jueza de Crimen Organizado Rosarito Montanía admitió la imputación por supuesto lavado de dinero y otros delitos por el supuesto traspaso de bienes de Alexandre Rodrigues Gomes y el abogado Óscar Tuma. Fueron citados para el 17, 18 y 19 de setiembre para la imposición de medidas.
Según el Ministerio Público, la intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández, y sus funcionarios se habrían aliado con empresas constructoras para desembolsar dinero, sin realizar obras, dejando un perjuicio millonario a la Comuna.
La procesada intendenta liberal de la ciudad de Valenzuela, Mirtha Fernández Yegros, manifestó que el proceso en su contra es una “persecución política por ser liberal”. Sostuvo que su "único pecado” fue ganar tres veces las elecciones en su ciudad. Además que las obras sí existen y que los fiscales lo saben.
Emma González Ramos, abogada del condenado Ramón Mario González Daher, recusó al Tribunal de Sentencia que lo juzgará por supuesta denuncia falsa. Alega falta de independencia y parcialidad, ya que incluso fijaron el juicio oral, sin ningún fundamento, para un día inhábil a pedido del querellante adhesivo, dice.
La defensa de la procesada Gianina García Troche, esposa del prófugo Sebastián Marset, apelaron el rechazo de la nulidad de declaración indagatoria de su defendida, realizada tras llegar al país, en pleno aeropuerto y con un defensor público impuesto, según señala el escrito.