El desempleo tiene como una de sus principales consecuencias la falta de autonomía económica de las personas adultas y la ausencia de los ingresos necesarios para que sus familias adquieran los bienes y servicios que garantizar su calidad de vida.
En Paraguay, otra estrategia implementada por las familias es la migración de algunos de sus integrantes, cuyo efecto más conocido es la desintegración familiar agravado por el hecho de que en muchos casos son afectadas las mujeres quienes se exponen también a la trata de personas. Si son madres, además se priva a los niños/as y adolescentes de la convivencia con ellas. La incorporación de niños, niñas y adolescentes al trabajo es otro de los efectos indeseados, ya que esta situación es a su vez una de las causas de exclusión del sistema educativo y les expone a la violencia en las calles y en los lugares de trabajo.
A nivel personal, la falta de trabajo puede ocasionar baja autoestima y aislamiento social. El trabajo no solo permite obtener un ingreso, sino también ser parte de un grupo de personas con intereses comunes, sentido de identidad y pertenencia, y en algunos casos capital social a través de las asociaciones gremiales o sindicatos.
Finalmente, la falta de autonomía económica y el malestar y aislamiento social dan lugar a un contexto que facilita la conflictividad social y con ello la ingobernabilidad política, lo que a su vez se traduce en el debilitamiento del aparato estatal para implementar políticas que conduzcan a aumentar los niveles de empleo.
Dada la relevancia del trabajo y las fallas que presenta el mercado laboral, las políticas públicas adquieren un rol fundamental en la regulación de este mercado. Las oficinas de empleo sirven para generar y distribuir oportunamente la información sobre vacancias, aptitudes y capacidades requeridas, reduciendo las asimetrías de información y facilitando el encuentro entre la oferta y la demanda.
Al estar desempleadas las personas, es muy difícil que cuenten con los recursos para buscar empleo, capacitarse o reconvertirse, por lo que la intermediación laboral y la formación y capacitación laboral son actividades fundamentales para reducir estas tasas.
Debido al poder que tienen los empleadores porque son pocos en comparación con los trabajadores y que tienen mayor capacidad de negociación, un rol del sector público en cualquier Estado moderno es la fiscalización del cumplimiento de las normas laborales y la mediación de los conflictos.
Paraguay cuenta con un Ministerio del Trabajo con todas estas competencias. Sin embargo, tiene poca fuerza por los escasos recursos con los que cuenta. Las ferias de empleo, los cursos de capacitación, las actividades de fiscalización y control y las mediaciones que realiza son de baja cobertura y centralizadas en áreas urbanas principalmente Asunción.
Los datos recientemente publicados señalan que existen unas 251.000 personas desempleadas, 50.000 personas más que antes de la pandemia de las cuales el 60% son mujeres y jóvenes. Estos datos deben alarmar teniendo en cuenta que casi el 40% de los hogares tiene jefatura femenina y que el desempleo juvenil tiene profundas repercusiones en la calidad de la trayectoria laboral presente y futura.
El gobierno debe actuar en función de la evidencia e impulsar las medidas necesarias para enfrentar el flagelo que significa para el país y las familias la desocupación. Las instituciones públicas con competencia en este ámbito deben ser fortalecidas para ampliar su cobertura y mejorar la calidad de sus intervenciones.
