Resulta clave la nueva denuncia penal presentada el lunes por un grupo de diputados de la oposición –entre ellos Kattya González, Sebastián Villarejo y Sebastián García– ante el Ministerio Público, ampliando una anterior presentación que habían hecho en la misma causa, esta vez haciendo entrega del informe final de la Comisión Especial de Supervisión y Control de Compras, presidida por el fiscal anticorrupción y actual ministro de la Senad, Arnaldo Giuzzio, que confirma el presunto esquema de estafa que se estaba preparando en torno a las licitaciones y compras de excepción. De este modo el informe se incluye en la causa, ya que ni sus miembros lo habían entregado antes a la Fiscalía, ni los fiscales lo habían incorporado de oficio, demostrando que no había mucho interés.
Concretamente, ahora los legisladores reclaman que la Fiscalía pida a las autoridades de la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero o Bienes (Seprelad) y el Banco Nacional de Fomento que se siga la trazabilidad del cheque de 17.000 millones de guaraníes que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPyBS) pagó a las empresas Imedic SA y Eurotec SA, vinculadas al denominado clan Ferreira, en concepto de anticipo para adquirir insumos médicos y equipos hospitalarios de China, cargamento que finalmente tuvo que ser rechazado por las múltiples irregularidades detectadas.
Los diputados sospechan que la emisión del cheque pudo ser una forma de soborno y plantean seguir “la ruta del dinero”. El pago salió del Ministerio de Salud con un cheque cruzado, lo cual significa que no se cobró en ventanilla, según explicó la diputada González. Por ello resultará clave saber cuál es la cuenta en que se recibió dicho cheque y cuáles fueron las “cuentas hijas” a las que fue a parar el dinero.
En este caso, es muy notoria la lentitud con que operan los agentes fiscales como las instancias judiciales, como si no hubiera mucho interés en que se avance en descubrir quiénes están detrás de las operaciones de las empresas y las operaciones montadas para facturar con las millonarias compras del Estado.
También resultan llamativas las intervenciones del propio ministro de Salud, Julio Mazzoleni, y del presidente de la República, Mario Abdo Benítez, quienes minimizan el caso cada vez que se pregunta al respecto.
En la denuncia de los legisladores se presupone que existe una alta protección política, por lo que el Ministerio Público debe investigar a los “padrinos” y no quedarse solamente con algunos pocos funcionarios chivos expiatorios.
Por una vez, hay que llegar al fondo de los esquemas de corrupción.
