El poeta Leonard Cohen dijo alguna vez la frase “A veces uno sabe de qué lado estar, simplemente viendo quiénes están al otro lado”. Si la fiscala general la conociera debiera sentirse al menos levemente abochornada viendo quiénes intentan salvarla del juicio político. Varios de esos diputados cuentan con procesos abiertos en la Fiscalía, lo cual no solo roza toda consideración ética sino que comprometen tanto su imagen como integridad.
No se le puede negar su derecho a responder y a defenderse, lo cuestionable es que los diputados que buscan blindarla están comprometidos con casos judiciales. Gracias a ellos el tratamiento del juicio político sigue en suspenso, por el vaivén de las decisiones a favor o en contra.
El oficialista Éver Noguera es precandidato a gobernador de Guairá y está imputado por montar supuestamente un esquema con el fin de adueñarse de las licitaciones de la Gobernación para la provisión del almuerzo escolar. Su desafuero fue rechazado por sus colegas y hasta el momento la causa no avanza por sus fueros parlamentarios. Otro, Luis Urbieta, fue gobernador de Concepción y tiene varias denuncias por supuesta malversación de dinero y falta de documentos en la ejecución presupuestaria.
En el caso de Erico Galeano, con el operativo A Ultranza Py se reveló que no colocó en su declaración jurada cinco propiedades y 12 cuentas bancarias, así como una supuesta deuda de USD 2.250.000 que posteriormente transfirió a Horacio Cartes. Además, G. 150.842 millones en transferencias a Rubens Catenacci fueron señaladas como sospechosas por la Seprelad.
El diputado Esteban Samaniego, ex intendente de Quyquyhó, sobrino de los legisladores Lilian y Arnaldo Samaniego, tiene en su contra una querella por difamación y calumnia entablada por una ciudadana a quien habría agredido, y una investigación por supuesto vaciamiento de los fondos municipales y faltante de G. 10.000 millones.
Finalmente, Ulises Quintana fue designado por el Departamento de Estado de los Estados Unidos (EEUU) como “persona significativamente corrupta”, y pese a haber sido uno de los detenidos en el marco del Operativo Berilo, vinculado con Reinaldo Cucho Cabaña, e imputado por tráfico de drogas en carácter de cómplice, recuperó su libertad, retomó su banca en la Cámara Baja y fue candidato a intendente de Ciudad del Este, donde perdió contra la oposición.
El libelo acusatorio contra Quiñónez consta de 13 puntos y, según los diputados que piden su juicio político, la misma obró de manera parcial en varias causas que involucran al cartismo, en las que el Ministerio Público omitió intervenir o avanzar en las investigaciones. Afirman también que las casi 3.000 páginas que integran el libelo dan sustento a que la cabeza de la Fiscalía habría operado pasivamente, al omitir la persecución penal en denuncias de crimen organizado; lavado de dinero; contrabando, especialmente de cigarrillos.
La democracia paraguaya se debilita y corre peligro cuando falta transparencia en sus instituciones, y sobre todo cuando estas actúan con favoritismo hacia sectores políticos y económicos. Sin una Justicia que sea igual para todos, no habrá auténtica democracia.