03 oct. 2023

Desalojados por querer protestar contra regulada

La diputada Kattya González y su candidato a diputado por el Encuentro Nacional, Raúl Benítez, fueron desalojados ayer por los guardias militares y la policía de la Presidencia de la República. Ambos ingresaron hasta el jardín de la casa de Gobierno para manifestarse contra Cetrapam y el descontento por el pésimo servicio de transporte público.

La diputada y el candidato llegaron justo en momentos en que el jefe de Gabinete Civil de la Presidencia, Hernán Huttemann, mantenía una reunión con los principales referentes del Gobierno para buscar una salida a la crisis generada por la regulada de los empresarios del transporte.

Sin embargo, los guardias reaccionaron y sacaron arrastrando prácticamente a Benítez, quien señaló que “no estaba faltando el respeto a nadie”.

La reacción militar y policial se dio en el momento en que Benítez y Kattya intentaron mostrar un cartel que tenía en sus manos. Relató que los efectivos “saltaron como si fuera que estábamos trayendo no sé qué cosa. Es una locura”.

El cartel decía: “5 horas por día, 25 horas por semana, 50 días al año en el transporte público. ¿Hasta cuándo?”.

La diputada del Encuentro Nacional expresó que “acá están los ladrones que roban a esta nación”.

La legisladora cuestionó que a pesar del desembolso millonario que hace el Gobierno en concepto de subsidio a los transportistas, nunca mejoró el servicio del transporte público. Sostuvo que se está recaudando para financiar las elecciones, con referencia al sector de la ANR. Esta situación a costa de los usuarios del transporte que deben esperar horas y encontrarse con un pésimo servicio.

La legisladora está planteando la necesidad de una interpelación al viceministro de Transporte, Víctor Sánchez. Este depende del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

Otro punto que es cuestionado es la licitación de USD 4 millones para la instalación de un centro de monitoreo de billetaje electrónico.


pasajeros en el limbo

Más contenido de esta sección
Aunque el fiscal general del Estado ha declarado que “no detecta” hecho punible en el caso de la denominada ocupación vip y hace responsable a la Justicia para intervenir en el escandaloso tema, debemos reclamar que los hechos constituyen una directa confrontación al mismo estado de derecho, modelo por el que optamos como República en la misma Constitución Nacional. Todos los paraguayos como integrantes de la sociedad estamos sujetos a las leyes y por tanto a su cumplimiento. Privilegios e impunidad están fuera de la ley.
En los próximos años se vienen importantes vencimientos de la deuda que se agregan al pago de los servicios de las mismas. Dado que no existen planes gubernamentales de recaudar más para pagar los compromisos contraídos, no les quedará otra opción a las autoridades económicas que refinanciar, es decir, contratar más deuda. Además de considerar la vulnerabilidad que ya presentan nuestras finanzas públicas, es necesario tener en cuenta el contexto internacional así como las decisiones de política monetaria que se tomen en ese país.
El Parlamento tiene una responsabilidad fundamental en el Presupuesto público, principal instrumento de política fiscal. No puede ni debe diseñar políticas por la vía presupuestaria ni aumentar los gastos sin considerar los ingresos para solventarlos. Cualquiera de estas acciones distorsiona el Presupuesto, haciéndolo deficitario e ineficaz. Debe ejercer sus competencias de manera responsable y racional, superando su tradicional rol prebendario, influido por el tráfico de influencias e impregnado de conflictos de intereses para tomar decisiones.
La actual situación del imputado senador colorado Erico Galeano es una vergonzosa exhibición de la impunidad que ya es casi nuestra marca país. Imputado por supuesto lavado de dinero y asociación criminal en el marco del operativo A Ultranza, el político cartista, tras varias exitosas chicanas judiciales, logró que un juez lo beneficie con la prisión domiciliaria, y que incluso pueda acudir a las sesiones del Congreso. Estos son los privilegios que ostenta nuestra clase política, pues incluso por menos un ciudadano común ya estaría en el penal de Tacumbú.
Zenaida Delgado, flamante cartista, defiende la posición de suprimir la palabra género en una ley que declara emergencia social ante la violencia contra las mujeres.
Para la Organización Mundial de la Salud (OMS), “la salud es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades”. El Estado debe preocuparse del bienestar de la población, considerando la relación que existe entre la mente y la conducta social. La crisis económica, falta de empleo, la inseguridad pero también la falta de oportunidades para acceder a productos culturales y la falta de espacios públicos de recreación inciden en el humor social y afectan la salud sicosocial.