A través de un decreto publicado este jueves en el Diario de Centroamérica (oficial), el Organismo Ejecutivo dejó sin efecto la medida que duró ocho meses y debería concluir en agosto próximo.
El estado de calamidad pública decretado en noviembre prohibía las concentraciones, espectáculos públicos y el porte de armas, limitaba la libre circulación y permitía al Gobierno atender la emergencia con más rapidez.
Según el Ejecutivo, las circunstancias que motivaron la medida en los departamentos de San Marcos, Sololá, Quetzaltenango, Totonicapán, Quiché, Huehuetenango, Suchitepéquez y Retalhuleu ya han sido superadas.
El terremoto causó 44 muertos, 175 heridos, 22 desaparecidos, 1,2 millones de afectados, 18.755 evacuados y dañó más de 7.300 viviendas, según reportes oficiales.
La Administración de Pérez Molina designó 600 millones de quetzales (76,92 millones de dólares) para el programa de reconstrucción de las viviendas y edificios públicos dañados.
