Tras la suspicaz salida de Empo, ingresó la firma El Farol.
La Comuna no respondió a la Fiscalía sobre este pedido de informe de pago que se solicitó sea remitido en un plazo de 72 horas. Tampoco pidió prórroga, confirmó la fiscala Carla Rojas. Por su parte, el director de Asesoría Jurídica del Municipio, quien ya estaba en el cargo en dicho periodo, Benito Torres, no quiso hablar sobre el tema alegando que no está interiorizado sobre el caso y que cuando eso “estaba fuera del país”.
La denuncia fue tratada ayer en la sesión de la Junta Municipal. Se acordó solicitar a la Intendencia el pedido de informe, sobre el supuesto pago, en un plazo no mayor a los 10 días.
“De confirmarse estamos ante un hecho por el que corresponden acciones penales contra el intendente y la intervención del Municipio”, indicó el concejal Álvaro Grau (PQ), quien presentó la minuta.
Aviso. El denunciante, Alberto Abujambra, quien afirma ser accionista mayoritario de Platina SA y el Consorcio Empo, habría solicitado al intendente, en abril del 2021, evitar cualquier pago a los apoderados de Empo y puso a conocimiento la denuncia penal contra los directivos, Arivaldo Domínguez de Queiroz y Enrique Ortuoste, por los delitos de lesión de confianza, asociación criminal, estafa y apropiación. El empresario señala que fue despojado de sus acciones de Platina SA de forma irregular.
En el fallo del laudo arbitral, que dio lugar a la rescisión del contrato con Empo, se estableció que el Municipio debía pagar por reajuste de tarifa por ingreso de basura un monto aproximado de G. 14.000 millones. Sin embargo, Grau indicó que la administración de Nenecho habría pagado extrajudicialmente y en secreto a los denunciados, la suma de más de G. 22.000 millones. Cuestionó que, de ser verdad, además de ser una suma casi doble fue a pesar del pedido de no abonar, por haber un juicio.
El edil reclamó además que los pedidos de informe que ya solicitó fueron denegados, alegando que el “canal” de información entre la Junta y la Intendencia es la presidencia del cuerpo legislativo. A pesar de ser información pública que, consideró, no debe esconderse si no hay nada que temer.