Más de G. 900 millones en trámites de licencia ambiental y estudios de impacto ambiental es el gasto que detalló la Gobernación del Departamento Central en las facturas que presentó como rendición de cuentas de los fondos Covid. El local que supuestamente realizó el trabajo no existe.
Cabe señalar que la Gobernación transfirió a la fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) casi la totalidad de los fondos; es decir, unos G. 5.105.600.000 para la ejecución de las obras. La fundación es presidida por los árbitros de fútbol Tadeo Álvarez y Paulino Palacios.
Asunción Ofertas es la denominación de la firma que realizó supuestamente los servicios entre el 15 y el 27 de febrero, por valor de G. 904.741.819, divididos en ocho facturas con conceptos repetidos.
Ninguna de las facturas menciona en qué ciudades y sobre qué obras trabajó Asunción Ofertas.
En el membrete de la factura, Asunción Ofertas figura como “comercio de ramos generales” y no como empresa consultora de impacto ambiental.
La supuesta empresa está a nombre del afiliado a la ANR Édgar Daniel Arriola con el RUC 3407169-5 y no cuenta con certificado de cumplimiento tributario.
En cuanto a la dirección mencionada en la factura, Leonismo Luqueño casi Mayor Echauri, no se halla ningún local con ese nombre. Se trata de una calle donde solamente hay residencias. La factura tampoco refiere un número de teléfono.
Seis de las ocho facturas presentadas refieren el pago por el mismo concepto de “gastos de trámite de licencia ambiental, estudio de impacto ambiental, estudio de tráfico si amerita, estudio de suelo, contratación de fiscalizador y personal de seguridad, gastos de conexión eléctrica, agua y alcantarillado e instalación de medidas de seguridad”.
Las facturas están fechadas entre el 15 y el 27 de febrero por valores de G. 105.943.638, G. 171.290.000, G. 197.571.728, G. 127.575.000 y dos de ellas consignan el pago de G. 105.943.636. Luego, hay dos facturas con el concepto de gastos administrativos con montos de G. 55.159.636 y G. 35.314.545
La Comisión Bicameral de Control de Gastos Covid elaboró un informe preliminar y ayer el senador Amado Florentín denunció el manejo irregular de los recursos.
Florentín informó que el 13 de noviembre se promulgó la ley de distribución de los fondos a las gobernaciones, seguidamente el 17 de noviembre la fundación CIAP presentó un proyecto a la Gobernación y al día siguiente se firma el convenio entre la Gobernación y CIAP.
Tras la aprobación de la ampliación de parte de Hacienda, el 29 de diciembre, la Gobernación emitió la resolución para conceder obras de pavimentación asfáltica a favor de CIAP y el 5 de febrero se emiten los cheques para la fundación. “Prácticamente en un tiempo exprés se paga a esta fundación”, resaltó Florentín, quien agregó que la Gobernación no presentó su informe al Congreso como estaba establecido.
Asimismo, refirió que la comisión verificó que Asunción Ofertas no existe al menos en la dirección señalada.
“Hay una mescolanza impresionante de conceptos en las facturas y los mismos conceptos en casi todas ellas”, dijo y alegó que el gobernador Hugo Javier no puede eludir su responsabilidad en el caso. Calificó como “gravísimo” porque en el informe no se especifica ni uno de los proyectos donde se invirtieron USD 1 millón.
“Así se utiliza la plata que era para el Ministerio de Salud”, lamentó y dijo que se deben establecer condiciones más rigurosas.
